“Cada vez que alguna empresa del sector agroindustrial fija o lanza los precios de sus productos al inicio de una campaña agrícola, lo primero que se hace es mirar y comparar la referencia casi obligada que significa para el mercado la firma Nidera”.

Esta frase le pertenece a un importante operador de granos que dialogó con La Política Online y se animó a graficar de esta manera el peso político y económico que representa la multinacional investigada por esclavismo.

El caso Nidera -que ahora está en manos de la Justicia- no deja de llamar la atención en el mercado, ya que se trata de una firma con más de 80 años de historia en el país que generó miles de puestos de trabajo y nunca tuvo problemas de índole judicial.

Pero, a partir de las denuncias fundamentadas por parte de algunos medios de comunicación sobre la situación de esclavitud en la que se encontraban trabajadores en un campo de San Pedro, verificada por la justicia, la visión sobre la empresa ya no volvió a ser la misma.

En este sentido, si bien en el mercado aún persiste la duda sobre el material publicado por Página 12, a esta altura ya casi nadie se anima a poner las manos en el fuego por la compañía, cuestión que hasta molestó a los propios directivos de Nidera, según pudo saber LPO.

“Es cierto que en el sector semillero existen condiciones de trabajo en negro y contrataciones temporarias en épocas de siembra y cosecha de granos, pero es difícil creer que haya habido semejante mal trato”, opinó uno de los operadores consultados.

En el plano político, Nidera mantuvo una activa participación a través de aportes económicos en el conflicto entre el campo y el Gobierno en 2008. Además, se comenta que su presidente, Martín Mayer Wolf, mantiene una amistad con directivos del diario La Nación, que hasta ahora la única refencia que hizo al escándalo que hoy monopoliza las conversaciones del mundo rural, fue la publicación de una tibia desmentida de la empresa.

Para enfrentar la crisis Nidera contrató al experimentado consultor Matteo Goretti, que asesora a medio gabinete macrista y participa de los equipos técnicos del PRO, nucleados en la Fundación Pensar que comanda el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco “Pancho” Cabrera.

La teoría de la campaña mediática

“Estamos frente a un caso de condena mediática”, señaló a este medio un directivo de Nidera que prefirió no dar a conocer su nombre. “Si hay casos concretos de trabajo esclavo deberán ser condenados, pero nosotros tenemos todo en regla”, agregó, sin aportar mayor elemento ante la prueba docuental exhibida por Página 12 –fotos de trabajadores hacinados en barracones sin servicios mínimos- y las propias denuncias de la justicia y el gremio de peones rurales que lidera Gerónimo Venegas.

Pero, ¿por qué puede llegar a existir una campaña del Gobierno contra la empresa? Según comentó la fuente todo está relacionado, no sólo a las relaciones políticas del presidente de la firma, sino también al pago de retenciones adelantadas.

En septiembre de 2008 el Gobierno dispuso un régimen por medio del cual se determinó que aquellos exportadores que paguen retenciones por adelantado tendrían un plazo de 180 días para concretar embarques una vez que éstos hayan sido autorizados por la ONCCA.

En tanto que en octubre de 2009 se amplió a 365 días el plazo de embarque en el caso de las solicitudes de registro de trigo y maíz. En cambio, si el exportador decide pagar retenciones al momento de liquidar la operación, tiene un plazo de 45 días para efectivizar la salida de la mercadería.

El tema es que esta medida produjo un gran malestar en las exportadoras de cereales con el Gobierno, que a partir de los permisos de exportación mantienen un elevado grado de presión hacia las empresas que se niegan a pagar retenciones adelantadas.

En defensa de Nidera

En medio de un silencio rotundo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) fueron las únicas entidades del campo en salir a defender a Nidera, por pedido expreso de los titulares de la firma.

“La remuneración de los trabajadores rurales, cuyo mínimo se encuentra sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil incluye prestaciones que no son habituales en los sueldos de otros gremios, como vivienda, comida, salud, alfabetización, capacitación, fondo de sepelio y fondo de desempleo para más los de 800 mil trabajadores inscriptos de la actividad”, afirmó obediente la Rural de Hugo Biolcatti, que se excusó de merituar las denuncias de esclavitud que investiga no ya el gobierno, sino la propia justicia.

Mientras que por el lado de ASA, su presidente, Oscar Domingo, dijo que “ninguna de las empresas asociadas tiene personal en negro. No esperábamos este operativo, creemos que no lo merecemos por el aporte que hacemos a la sociedad”. De nuevo, la drespuesta esgrimida no dio explicacione sobre las acusaciones concretas, más allá de las declaraciones dogmáticas.