“Esto hay que manejarlo como siempre se hace en estos casos, abriendo ya una mesa de diálogo que contenga a todos los sectores, aunque al principio lo más difícil va a ser determinar la real representatividad de cada interlocutor”, fue la recomendación de uno de los hombres con más experiencia política de la gestión macrista, ante el interrogante que recibía de la cúpula del PRO.

El diálogo ocurrió a media mañana de este viernes negro. Dos horas después Mauricio Macri brindaba una conferencia de prensa con un mensaje inflexible: el gobierno porteño no iba a dialogar con los ocupantes del Parque Indoamericano. La única salida posible era que abandonaran el predio que habían ocupado violando la ley. Además, reiteró su pedido público a la Presidenta para que de inmediato enviara al lugar efectivos de la Policía Federal a concretar la faena.

Macri se metió así en un callejón sin salida y colocó una mecha que luego encendió Cristina. El PRO tiene el problema de las convicciones superficiales, pero eso si, bien firmes. Cuando conviene. Como “la gente” supuestamente está harta de las tomas, los cortes de calle, los bolivianos, paraguayos, peruanos y la inacción policial, que mejor que ofrecerle lo que demanda.

El pequeño problema es que Macri es un gobernante y en consecuencia un hombre político que debe transitar los grises, o si se quiere, mediar en el conflicto social no en términos de quien “tiene razón” sino de atenuación de los inevitables costos de ese conflicto. Un valor mucho más prioritario que la defensa de un espacio público es la vida. El derecho meritúa los valores, más aún la política.

Aislar valores lleva al fanatismo, que es la certeza de la propia visión de la realidad. “Acá no hay nada que negociar, porque si ellos ocupan un predio para que les paguemos un subsidio a cambio de abandonarlo, y aceptamos eso, estaríamos sometidos a una extorsión y no lo podemos aceptar”, dijo prístino el ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro.

Desde el manual del “deber ser”, impecable. Claro que bajo la lupa de los muertos que se suman esta noche, uno no se pregunta si un puñado de pesos –si esa era la solución- no hubieran estado bien gastados para evitar este desastre.

Pero sin extremar tanto el argumento, lo notable es que no se dio el paso previo: la creación de un espacio de diálogo. Se buscó aislar y estigmatizar aún más, a gente que más allá de su conducta violatoria del espacio público, claramente está en una situación tan desesperada que permanece en el lugar aún poniendo en riesgo su vida.

Desde la Casa Rosada se enfrentó a esta posición irreductible un espejo perfecto: la desaparición del Estado. Frente al hombre que se niega al diálogo y pide el desalojo a como de lugar, la nada misma. O sea, dejar el conflicto social librado a su suerte.

Cristina se negó a enviar a la Policía Federal con la excusa que su intervención podía causar más muertes que las que se intentaba evitar. Siguiendo ese razonamiento lo que queda es la abolición de la fuerza pública. Si el Estado no puede garantizar un control político de la fuerza represiva, por cierto, mejor abolirla. Eso y confesar la propia incapacidad para gobernar es muy parecido.

Así, las dos posiciones, supuestamente antagónicas confluyeron desde los márgenes del espacio ideológico, en el mismo resultado: la pelea de pobres contra pobres sin mediación estatal.

Cristina y Macri en rigor lo que hicieron fue proclamar una profunda impotencia política para encauzar un conflicto que dista de ser irresoluble. No se trata de la crisis de Medio Oriente ni de los odios ancestrales de los Balcanes. Apenas, la ocupación de una plaza, o un baldío grande, por gente que tiene como máxima aspiración una vivienda o acaso un subsidio de un puñado de pesos devaluados.

Entre la represión sin diálogo y la incapacidad de conducir a la policía, lo que existe es la política. Cristina en su discurso expuso una profunda desconfianza hacia las fuerzas de seguridad que tiene bajo su mando. Las presentó como una fuerza oscura que una vez liberada, puede producir las peores masacres. Y la historia reciente le da la razón. Lo que no la exime de su responsabilidad.

La primer crisis de gabinete de Cristina

En rigor toda la larga y estructurada arenga de Cristina contra la xenofobia de Macri, buscó distraer la atención de un dato central: el desastre de Villa Soldati la forzó a realizar el primer cambio de gabinete de su gestión, desde que falleció Néstor Kirchner.

Fue una desautorización atroz y muy cruenta a su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El primer desalojo del Indoamericano que coordinó la dupla de Fernández y Montenegro, terminó con imágenes muy parecidas a las de Kosteki y Santillán, con policías descontrolados pegando sin ton ni son. Y con dos muertos.

“Cuando usted ve a policías corriendo para todos lados, persiguiendo gente a la desbandada, ahí se rompió la cadena de mando”, le dijo el ex ministro León Arslanian a La Política Online.

Hoy, un desbordado Julio Alak presentó su renuncia. En rigor el ministro de Justicia y Seguridad nunca pasó el triste rol de vocero, de una cartera que manejaba Aníbal Fernández, verdadero jefe de las fuerzas de seguridad hace más de un lustro.

Cristina le facturó de manera implacable el desastre de Villa Soldati a su jefe de Gabinete y ubicó en un flamante Ministerio de Seguridad a una de las personas más enfrentadas con Aníbal Fernández: la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, que en el pasado provocó una crisis de gabinete al insinuar que el quilmeño la sometía al seguimiento de un equipo de inteligencia.

Garré responde ideológicamente al periodista Horacio Verbistky, que mantiene un sordo y muy duro enfrentamiento con Aníbal Fernández, precisamente por su política de seguridad. Desde ese sector creen que detrás de un discurso garantista, el jefe de Gabinete entregó la conducción de la fuerza al comisario general Néstor Valleca, propiciando distintos abusos.

Abusos de los cuales la represión inicial del Indoamericano fue apenas el último de una cadena que incluyó la complicidad policial ante el asesinato de Mariano Ferreyra, una reciente y muy salvaje represión en la Villa 20 y la muerte de un chico de 17 años en el recital de Viejas Locas, por una golpiza policial.

Lo mas posible es que ahora Garré descabece a las cúpulas de las fuerzas de seguridad y afiance el control del poder civil sobre esas instituciones. Pero antes de dar esos pasos acaso necesarios, una tarea le quema las manos: reponer el orden en el Parque Indoamericano.

El especialista Miguel Saín explicó a La Política Online que ante el actual caos el gobierno debería enviar a los cuerpos de Infantería para separar a quienes se enfrentan, pero no para desalojarlos y agravar la situación.

“Hay que retomar el control de la situación, separarlos, calmar las aguas y luego la policía debe hacerse a un lado para que entre la política y el diálogo”, afirmó el especialista. Un camino de sentido común que lamentablemente los máximos líderes de la Argentina parecen haber extraviado en la larga noche de las especulaciones electorales y que esta madrugada acaso empezaban a retomar con la cumbre en la Casa Rosada.