06 de mayo, 2024
Investigadora: guerra judicial por la declaración de los directivos de La Matanza
Desde la comisión investigadora aseguraron que se los intimará con la fuerza pública. Sin embargo, los funcionarios de la universidad dijeron que no prestarán declaración mañana en la Legislatura porteña porque el juez Gallardo habrÃa aceptado el recurso de apelación que presentaron. "Aquà hay actores que saben mucho y dicen muy poco", se quejó el diputado de la Coalición CÃvica Fernando Sánchez.
Otra vez, faltan los testigos. Es que los funcionarios de la Universidad de La Matanza -desde donde habría llegado la recomendación para que el ministerio de Educación porteño contratara para tareas de asesoramiento al espía Ciro James-, no se presentarán mañana ante la comisión investigadora en la causa de las escuchas ilegales.
De acuerdo a lo que informaron a LPO las autoridades universitarias, el magistrado Roberto Gallardo habría aceptado el recurso de apelación que presentaron ante su Juzgado y la medida de traerlos por la fuerza pública habría quedado en suspenso hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad se expida.
Precisamente, los convocados a la comisión son el rector de la universidad, Daniel Martínez; el decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Fernando Luján Acosta; el decano de Derecho, Alejandro Finochiaro y las autoridades universitarias Rolando Echave (a cargo de la editorial universitaria) y Cristian Cabral (secretario técnico).
“Resulta desviado de toda facultad que pueda conferir el ordenamiento local, que pretenda irrumpir en un establecimiento federal como es la Universidad Nacional de La Matanza, interfiriendo con sus fines y actividades. La interferencia al establecimiento federal, ni a sus funcionarios se encuentra autorizada en ninguna interpretación razonable de las atribuciones del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el texto del recurso de apelación que el viernes pasado presentaron los funcionarios ante el Juzgado de Gallardo.
Pero la situación no es tan clara porque el presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, negó que el juez haya aceptado la apelación y ratificó que mañana los testigos serán buscados por la fuerza pública.
Muy indignada por la situación, la legisladora porteña Gabriela Cerruti anunció que mañana ingresará un proyecto de ley para derogar el convenio que la Ciudad tiene con la Universidad de La Matanza, ante la falta de "colaboración" de esa entidad en la investigación de las escuchas ilegales.
"Es inadmisible que la Universidad de La Matanza no preste colaboración con la comisión investigadora" reprochó la diputada.
Desde la Coalición Cívica también protestaron: “Aquí hay actores que saben mucho y dicen muy poco”, dijo este mediodía el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez; luego de analizar las respuestas escuetas del funcionario judicial Agustín Gamboa y en virtud de la posible ausencia de las autoridades universitarias.
Por su parte, desde el PRO contemplan cómodos el escenario: “la oposición se encargó de judicializar la comisión, ahora tendrán que atenerse a los tiempos de la Justicia”, dijo a LPO un legislador oficialista.
De acuerdo a lo que informaron a LPO las autoridades universitarias, el magistrado Roberto Gallardo habría aceptado el recurso de apelación que presentaron ante su Juzgado y la medida de traerlos por la fuerza pública habría quedado en suspenso hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad se expida.
Precisamente, los convocados a la comisión son el rector de la universidad, Daniel Martínez; el decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Fernando Luján Acosta; el decano de Derecho, Alejandro Finochiaro y las autoridades universitarias Rolando Echave (a cargo de la editorial universitaria) y Cristian Cabral (secretario técnico).
“Resulta desviado de toda facultad que pueda conferir el ordenamiento local, que pretenda irrumpir en un establecimiento federal como es la Universidad Nacional de La Matanza, interfiriendo con sus fines y actividades. La interferencia al establecimiento federal, ni a sus funcionarios se encuentra autorizada en ninguna interpretación razonable de las atribuciones del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el texto del recurso de apelación que el viernes pasado presentaron los funcionarios ante el Juzgado de Gallardo.
Pero la situación no es tan clara porque el presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, negó que el juez haya aceptado la apelación y ratificó que mañana los testigos serán buscados por la fuerza pública.
Muy indignada por la situación, la legisladora porteña Gabriela Cerruti anunció que mañana ingresará un proyecto de ley para derogar el convenio que la Ciudad tiene con la Universidad de La Matanza, ante la falta de "colaboración" de esa entidad en la investigación de las escuchas ilegales.
"Es inadmisible que la Universidad de La Matanza no preste colaboración con la comisión investigadora" reprochó la diputada.
Desde la Coalición Cívica también protestaron: “Aquí hay actores que saben mucho y dicen muy poco”, dijo este mediodía el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez; luego de analizar las respuestas escuetas del funcionario judicial Agustín Gamboa y en virtud de la posible ausencia de las autoridades universitarias.
Por su parte, desde el PRO contemplan cómodos el escenario: “la oposición se encargó de judicializar la comisión, ahora tendrán que atenerse a los tiempos de la Justicia”, dijo a LPO un legislador oficialista.
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privatista.