Hourest defiende la utilización de la fuerza pública para que los testigos declaren
En diálogo con LPO, el presidente de la comisión investigadora calificó de "remedio institucional" la resolución del juez Gallardo que obliga a concurrir a todos los citados (aunque hay excepciones). Mientras tanto, desde el PRO dudan de la existencia de esa medida y fuentes judiciales cuestionan las facultades del magistrado.
“El viernes a la tarde fui al Juzgado, y le expliqué al juez (Roberto Gallardo) que necesitaba encontrar una solución a la ausencia de testigos porque tengo un plazo límite, que es el 15 de diciembre, y facultades investigativas amplias”, precisó el diputado Martín Hourest, en calidad de presidente de la comisión investigadora que analiza la responsabilidad del Jefe de Gobierno por la causa de espionaje.

La “solución” a la que se refiere Hourest es una medida del Juzgado Contencioso Administrativo, sancionada el viernes a última hora, que determina que cinco oficiales de Justicia estarán a disposición de la comisión investigadora, encargados del proceso de notificación de testigos. En el caso de incomparecencia al segundo llamado, se recurrirá a la fuerza pública para que los convocados declaren en la Legislatura.

“El juez Gallardo no tiene facultades para hacer comparecer testigos en la comisión investigadora. Porqué no citan a Ciro James por la fuerza? Si la comisión cita a Larcher y no quiere venir, lo obligará el juez Gallardo? Y a Néstor Kirchner? ops...Lo quiero ver”, se preguntó por twitter el diputado del PRO Helio Rebot.

Sobre este tipo de cuestionamientos, Hourest respondió que la medida es aplicable a “casos regulares” y no a determinados funcionarios nacionales "como por ejemplo, un jefe de la SIDE al que la ley nacional lo ampara".

“Al hablar de casos regulares me refiero a funcionarios y ex funcionarios de la Ciudad, como también a ciudadanos de a pie, pero cada caso se pondrá a consideración de la comisión y se evaluará como se viene evaluando cada citación”, precisó.

Fuentes de la Justicia le explicaron a LPO que en verdad, en una causa judicial todos los funcionarios citados están obligados a declarar; y que sólo en determinados casos, algunos pueden hacerlo por escrito. En una comisión investigadora parlamentaria no existe obligación legal de declarar; y en el caso de que un testigo no quiera hacerlo puede apelar por más que se lo intime con la fuerza pública.  "Ni el maccartismo usaba a la policía para llevar a declarar a los testigos", fue la reflexión de un jurista consultado.

“El objetivo no es perseguir a nadie, pero es preocupante que los testigos no se quieran presentar. Es tan grave como que yo, por ser legislador, no me presente a una citación de la Justicia”, respondió el diputado socialista Julián D´Angelo, avalando el accionar de Hourest.

“Al día de hoy, no hay ninguna resolución en el sistema”, señaló el legislador macrista Martín Ocampo al ser consultado por LPO sobre la medida de Gallardo, y calificó a la ausencia de testigos como “un problema de coordinación en el manejo de la comisión”.

“Si creen que es un invento, que averiguen en los Tribunales”, contestó desafiante Hourest y señaló “el problema acá es que hay un Estado subvertido y un altísimo grado de anomia. No sólo en esta comisión sino en toda la cultura de este gobierno. Yo ya adelanté que se estaba acabando la paciencia y el actuar de buena fe. A partir de ahora, existe un instrumento legal para hacer que los testigos se presenten”.

La ronda del lunes

Para mañana estaban citados los ex funcionarios del Ministerio de Educación, que estaban en sus puestos cuando el espía Ciro James estaba nombrado en esa dependencia: Mariano Narodowski, Andrés Ibarra -actualmente en la cartera de Hacienda-, Carlos Lelio, Roberto Ayub, Rosana Barroso y César Neira.

En todos los casos, los convocados se excusaron de asistir.

Sin embargo, el diputado Hourest confirmó a LPO que la sesión sigue convocada; y que él bajará en el horario establecido a presidirla para estudiar las próximas citaciones y poner en conocimiento de los demás diputados la medida del juez Gallardo.

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  • 7
    Ana
    28/09/10
    16:31
    HOUREST....no es tan HONESTO sino pregúntele por sus contactos con los Pseudo-Empresarios GRISELDA JANS y su hermano Javier OSESA y
    SARSU
    Responder
  • 6
    a los PRO
    28/09/10
    11:06
    Señores PRO: ya que se desgarran las vestiduras reclamando apego a las leyes y la Justicia,díganme ¿ por qué razón vuertro gobierno no acata las órdenes judiciales ?
    Casos: arroyo Maldonado,mobiliario urbano ,etc....
    Responder
  • 5
    Ramon Gonzalez
    27/09/10
    23:10
    Que risa, mas alla de que estos señores no esten obligados, a declarar, el señor rector Daniel Martinez, aprendis de Ciro James, de espia, que mas que una facultad, tiene un centro de espionaje de sus subordinados y esclavos, si!!! esta casa de estudios, tiene camaras por todos lados y microfonos, hasta en el untimo rincon, a quien espia ...
    a todos, si locos a todos. este señor esta mal de de la cabeza y es un desonor para los que trabajan, enseñan y estudian en la matanza.
    y tiene al señor Roberto Ayub, radical a muerte y un nexo mas de Macri y cia. y tambien al Rolando Chaves, ladron del copiado...-.
    Responder
  • 4
    Andres
    27/09/10
    15:12
    Clásico de un zurdo con poder: A la primera de cambio, si pensas distinto o querés hacer valer tus derechos, te manda a apretar.
    Responder
  • 3
    Fabio
    27/09/10
    14:28
    Aseguran que James espió para Ibarra durante su juicio político
    El macrista Martín Borrelli señaló que el ex jefe de gobierno le ordenó intervenir llamadas de sus colegas durante el proceso que culminó con su destitución, en marzo de 2006; "Es una nueva operación política para desviar la atención", se defendió el legislador
    En plena sesión por la comisión investigadora por el caso de las escuchas ilegales, Pro amplió la denuncia realizada la semana pasada contra Aníbal Ibarra por supuesto vínculos con Ciro James durante su gestión. El legislador macrista Martín Borrelli acusó al ex jefe de gobierno porteño de mantener una relación con el espía mientras se realizaba el juicio político que culminó con la destitución de Ibarra, en marzo de 2006. Borrelli aseguró que, en agosto de 2005, James montó una empresa privada de seguridad denominada "Protec" y que se deslindó de la compañía el 23 de marzo de 2006, días después de culminado el proceso. Según Borrelli, Ibarra otorgó el permiso de funcionamiento de esa empresa de seguridad para "pincharle" los teléfonos a los diputados porque "estaba preocupado por el resultado del proceso de juicio político al que estaba siendo sometido". La semana pasada, en una conferencia de prensa, legisladores de Pro sorprendieron al señalar a Ibarra por supuestos vínculos con James. Indicaron que el ex jefe de gobierno le habría habilitado un locutorio y la empresa de seguridad privada antes mencionada. En su defensa, Ibarra calificó la acusación como una "operación política" y afirmó que el objetivo de Pro es "vaciar la comisión investigadora". "Esta empresa [Prosec] no tenía ningún vínculo con la Ciudad. Distinto es lo de Macri, que le pagó muchísima plata a James mientras se dedicaba a espiar", afirmó el legislador de Diálogo por Buenos Aires. "Estamos frente a una nueva operación política que intenta desviar la discusión. Macri quiere que no hablemos de las pinchaduras, de los testigos...", sostuvo Ibarra. Y sentenció: "Macri no quiere que esta comisión funcione". Trámite. El trámite de la comisión especial fue muy trabado esta mañana, ya que los legisladores de la oposición y del PRO se hicieron reproches mutuamente durante las dos horas y media que duró. El presidente de la comisión Martín Hourest les pidió a los macristas que dejaran de tratarlos de "estúpidos" y que permitieran el normal desarrollo del trabajo de ese plenario al que calificó como una "válvula de seguridad ante la crisis institucional que vive la ciudad". La comisión se reunirá la semana que viene con el plenario de la Cámara de Representantes de Misiones que siguen las escuchas que se habrían realizado en esa jurisdicción. Por otra parte, la comisión decidió reprogramar la citación de los testigos que pidieron cambio de fecha y el PRO se comprometió a que asistan aquellos funcionarios o ex funcionarios, que hasta ahora se negaron a dar su testimonio. En este orden citó el procesamiento en firme del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. JUICIO POLITICO Y DESTITUCION.
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  • 2
    carlos
    27/09/10
    13:13
    ojo Gallardo estaría aprobando el uso de la fuerza pública para llevar a la Legislatura a los testigos!!!!!!
    lo de este juez es increible!! yo ODIO a Macri, que quede claro... pero creo que no puede permitirse este tipo de atropellos por parte de un juez...
    hoy va por Macri y mañana va por el próximo que no le caiga bien...
    creo que es un antecedente muy peligroso...
    Responder
  • 1
    luis vg
    27/09/10
    07:30
    Jajaja, no sabe nada!!!! -Si no hay acusación y pruebas en concreto no podes mandar la fuerza publica!
    Responder
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