El Senado de la nación aprobó de modo unánime un proyecto de ley que habilita el libre acceso a la información pública y postergó para la sesión del 30 de este mes la discusión en particular de la iniciativa. La norma, aprobada por los 69 senadores presentes, establece que las personas o instituciones tengan libre acceso a la información pública y que el Estado, organismos oficiales y empresas con participación estatal tengan la obligación de suministrarla, salvo en casos excepcionales.

El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el oficialista Nicolás Fernández, pronosticó que el Senado "está muy cerca de obtener un dictamen en particular por mayoría", a fin de mes. "Reivindicar el acceso a la información es un derecho humano fundamental", expresó Fernández, y consideró "racionalmente lógico buscar acuerdos entre todos los sectores políticos" para que el país equipare su legislación con el resto de los países que ya
tienen "garantido por ley" ese derecho.

De acuerdo con la iniciativa, el sujeto obligado a proveer información cuenta con 15 días para cumplir con ese requerimiento y se considera como información reservada a "la establecida por disposición expresa de una ley".El proyecto crea en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de Acceso a la Información Pública (Caip) y establece que "en el resto de los sujetos obligados deberán crearse las respectivas Unidades de Enlace". Cada Caip tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal técnicamente calificado, y los directores no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los tres poderes.

El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, reivindicó el hecho de que el Senado haya llegado a debatir "una cuestión
central", aunque planteó que la norma tiene "aspectos positivos y aportes y otras cuestiones que deben ser modificadas". Celebró que la propuesta da una respuesta al "principio de transparencia activa", pero consideró "un retroceso" lo estipulado como "excepciones" a la hora de cumplir con el otorgamiento de información y cuestionó los plazos y aspectos vinculados con la autoridad de aplicación.

Las objeciones más firmes surgieron del discurso de la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, quien cuestionó el "apuro" por aprobar en general un proyecto, "cuyos puntos críticos no se sabe si se van a acordar" en el análisis en particular y elogió el proyecto del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que propone "miembros idóneos e independientes, elegidos por el PEN, con acuerdo de ambas cámaras" para integrar la Autoridad de Aplicación y dijo que la Coalición Cívica apoyará ese expediente, pese a que había firmado uno propio en la Cámara baja.

Por su parte, los senadores Rubén Giustiniani (socialismo) y Juan Carlos Marino (UCR) dieron sus fundamentos sobre su decisión de acompañar "en disidencia parcial" la iniciativa y expresaron su interés en que en los próximos 15 días se alcancen los consensos necesarios para aprobar el proyecto en particular.

En otro orden, en el inicio de la sesión, los senadores aceptaron -a pedido de Pichetto- postergar hasta la próxima sesión el análisis de un proyecto para incorporar al Código Penal la figura de Desaparición Forzada de Personas.