Mercedes Marcó del Pont podrá convertirse en un nuevo fusible de la oposición, que no había objetado sus condiciones técnicas cuando fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la elegida por el Gobierno para completar al mandato de Martín Redrado al frente del Banco Central.

Pero en la Casa Rosada ya le pensaron en una salida más que decorosa para evitar el trajín que podría significarle justificar el envío de más de 6000 millones de dólares de las reservas al Tesoro que dispuso ayer: ser la próxima ministra de Economía, en reemplazo del desgastado Amado Boudou, quien ayer ni siquiera se hizo presente en la apertura de sesiones ordinarias.

Es que esa decisión que debió tomar ayer en cumplimiento de los decretos de la presidenta podría ser considerada por los senadores de la oposición que deban definir si reúne los requisitos para estar al frente del Banco Central.

El pliego de Marcó del Pont ingresó el 3 de febrero a la Comisión de Acuerdos del Senado a través del mensaje 191, que alude al artículo 7 de la Carta orgánica para solicitar que la economista “complete el período” de Martín Redrado, cuyo mandato vence en septiembre.

Esa comisión la preside el kirchnerista chubutuense Marcelo Guinle y seguiría haciéndolo si lo disponen las autoridades del bloque, ya que es una de las comisiones de gestión en que la oposición cedió la presidencia, pero insiste en quedarse con la mayoría.

Pero el artículo 7 de la Carta Orgánica le permite al Gobierno un atajo: establece que el Poder Ejecutivo puede realizar nombramientos en Comisión “durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación”. O sea, permite que Marcó del Pont siga en su cargo en tiempo indefinido hasta que el Senado no diga lo contrario.

Además, como presidente de la Comisión, Guinle estaría en condiciones de demorar el tratamiento de su pliego si no consigue los ocho votos necesarios para que sea aprobado.

Los plazos permiten avizorar varias estrategias. Marcó del Pont debe culminar el mandato de Martín Redrado, que finaliza en septiembre y sólo mediante un nuevo acuerdo del Senado puede renovar por un mandato completo de seis años.

Uno de los integrantes de la Comisión de Acuerdos sería el pampeano Carlos Verna, peronista disidente y encargado de desnivelar la votación para la oposición en el reparto de las comisiones. La completarían radicales y otros peronistas díscolos.

Una salida decorosa de Marcó del Pont le evitaría someterse al desgaste que le propiciaría el Congreso, no sólo por su designación, sino por los informes que comenzarán a exigirle desde otras comisiones.

Y el Gobierno, ya con los fondos que pretendía en su poder, podría negociar con tranquilidad el próximo titular del Central que tendrá mandato hasta el final del próximo gobierno.