“Era de cumplimiento imposible", intentó justificar ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la desobediencia al juez federal José Sudera que le ordenó a la Policía Federal que desalojara el sindicato de Aeronavegantes hoy bajo la dirección de la Lista Verde apoyada por Alicia Castro, embajadora en Venezuela. La Cámara Nacional de Trabajo estableció que fue la Lista Celeste quien ganó las últimas elecciones de autoridades gremiales.

Pero imposible o no, lo cierto es que no es la primera vez que desacata una orden judicial el funcionario kirchnerista que la semana pasada se arrogó la potestad del ministro de Justicia, Julio Alak.

El 6 de marzo de 2006, cuando Fernández era ministro de Justicia de Néstor Kirchner, tampoco permitió ejecutar la orden del entonces juez federal de Concepción Uruguay, Guillermo Quadrini. El magistrado había mandado a la Gendarmería a liberar la ruta 136 en Entre Ríos. En ese entonces, los asambleístas de Gualeguaychú impedían la entrada y salida de camiones con materiales para la construcción de Botnia, la planta de celulosa de Fray Bentos en Uruguay.

El jefe de Gendarmería, por una cuestión de jerarquía, le informó la orden a Fernández, quien le envió una nota a Quadrini. “En lo que hace a las instrucciones a cualquiera de las Fuerzas, es el suscripto quien impartirá las mismas, en el marco de las facultades que le son propias. Las instrucciones que corresponda adoptar en cada caso y a través de cualquiera de las cuatro Fuerzas Federales, son de absoluta discrecionalidad de este Ministerio, y dentro del marco de legitimidad otorgado a través de la Constitución Nacional y las Leyes de la Nación”, le dijo y dejó sin efecto la orden judicial.

El doble discurso de Aníbal

Mientras el juez Quadrini se mantuvo en su postura de liberar las rutas ante los cortes, interponiendo el derecho al libre tránsito por sobre el de manifestación, Aníbal Fernández cambió de parecer de acuerdo a quién era el actor social que bloqueaba el paso.

Ante los asambleístas de Gualeguaychú desacató la orden judicial y mandó a la Gendarmería a no reprimir ni liberar, pero dos años más tarde, sí obedeció esa misma orden del mismo juez. A mediados de junio de 2008 quienes bloqueaban los caminos eran los productores agropecuarios con Alfredo de Angeli a la cabeza. El presidente de Federación Agraria de Entre Ríos terminó en la cárcel y la ruta fue liberada.

El caso de Aeronavegantes

El juez José Sudera intentó cumplir el jueves pasado –sin éxito-un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, que ordenó poner en funciones a la Comisión Directiva de Aeronavegantes, enrolada en la opositora Lista Celeste. El tribunal, a diferencia del juzgado en primera instancia, consideró que habían ganado las últimas elecciones sindicales ellos y no la Lista Verde apoyada por Alicia Castro y Héctor Recalde, quienes hasta hoy están al frente del sindicato.

Al mediodía, Sudera se presentó en la sede del sindicato e intentó entrar, pero no sólo la puerta estaba trabada sino que además, el edificio estaba “ocupado”. Llamó a la policía. Sólo se presentaron el comisario Villamayor y el subcomisario Amarilla y en vez de actuar simplemente le dijeron: “Señor juez, dice el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que lo llame”. Ante la insistencia del magistrado, el comisario sólo tocó la puerta y dijo que labraría de oficio actuaciones por resistencia a la autoridad. Y se retiró del lugar, sin intentar otro recurso.

“Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución”, subrayó el ministro ayer en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para detallar la actuación del Gobierno en este caso. Y explicó que la decisión judicial "era de cumplimiento imposible" ya que había otro fallo del Tribunal 2 de Lanús en contrario y aclaró que “por esta razón decidimos que no podíamos intervenir”.

“Es la primera vez que esto me sucede en mis 25 años de carrera”, afirmó el juez Sudera en Radio Mitre y sentenció: “El jefe de Gabinete diciendo que el Gobierno impartió la directiva de desacatar una orden judicial arrogándose la facultad de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, es un hecho de altísima gravedad”.

Y contó: “El lunes formalicé una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, quien reconoció haber impartido esta directiva, contra el comisario y contra cualquier otra persona que pueda ser penalmente imputable ante cualquier título”.

El juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, ya anticipó que si la Justicia lo encuentra culpable, Aníbal Fernández puede ser sancionado con una pena "desde 15 días a un año de prisión".