¿Qué nos podría decir desde el punto de vista constitucional de la decisión del procurador Righi? Nos queda la duda si es legal limitar su capacidad de acción.

Yo entiendo que no, porque la fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que es un organismo que ya tiene más de treinta años de antigüedad, fue creada específicamente con el propósito de investigar presuntos actos ilícitos o de corrupción dentro del poder Ejecutivo, no dentro del Poder Judicial o dentro del Congreso. Y su función es investigar esos hechos y si encuentra algún viso de carácter delictivo, formular la denuncia penal correspondiente e incluso seguir la causa penal como un denunciante más, cuyo rol es independiente del rol que tenga le fiscal en la causa.

Y esto es lo que se limitado exactamente.

Claro. Y esa decisión de Righi verdaderamente sorprende. Primero, porque en definitiva toda las sospechas de corrupción en el orden del Poder Ejecutivo que existen en este momento se incrementan con una medida de esa índole, porque por un lado se dice que los fiscales que dependen de Righi y de la misma afinidad política pueden hacer esas investigaciones, pero al fiscal Garrido, que ha mostrado un criterio de independencia a lo largo de todos estos años y en todos los cargos que ocupó, se le limita la acción. Yo creo que él podría directamente desconocer la orden de Righi y seguir cumpliendo sus funciones.

Los Kirchner tienen un antecedente de maltrato a los procuradores, no les gusta que los investiguen, como es el caso del procurador de Santa Cruz, al cual destituyeron de manera inconstitucional. La Corte Suprema falló en dos o tres veces pidiendo que lo repongan en el cargo y nunca lo hicieron.

Si, la Corte dijo tres veces que había que repararlo en el cargo. Y ellos aducían que ese cargo no existe y que no existe la posibilidad de reponerlo.

No existe porque lo disolvieron.

Claro, porque antes existían dos procuradores y resolvieron que quedara uno solo.

El que era más bueno.

Incluso le ofrecieron en su momento una indemnización de cerca de un millón de pesos y Soria con mucha altura la rechazó, diciendo que él quiere retornar al cargo para el cual fue designado. Es evidente que el matrimonio presidencial nunca tuvo mayor apego por respetar la independencia del Poder Judicial. No solamente en su provincia sino que lamentablemente lo estamos advirtiendo a nivel nacional con las presiones que está ejerciendo el Consejo de la Magistratura sobre los jueces.

Recordemos que hace no mucho tiempo los Kirchner impusieron una reforma en el Consejo, lo que les permitió acceder a una mayoría que hoy aplican, como usted dice.

Así es. Pero lo que es increíble es que en algunas oportunidades se ha querido remover o sancionar a jueces porque han tenido declaraciones críticas hacia las presiones del Poder Ejecutivo. Tal es el caso del juez Recondo, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia nacional, al cual la diputada Conti junto con el diputado Kunkel han empezado a presionar para ver si es posible aplicarle alguna sanción o removerlo.

Estamos observando un creciente ruido entre el gobierno y la Justicia, con estas declaraciones de Kirchner contra el accionar de los jueces. Luego hubo pronunciamientos de distintos integrantes de la Corte.

Felizmente jueces de la Corte como Zaffaroni o Argibay que no han tenido reparos en formular declaraciones en resguardo de la independencia del Poder Judicial. Y el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, también ha formulado declaraciones con mucha más suavidad, pero con igual firmeza. Lamentablemente se están utilizando ciertas frases que confunden a la gente, como por ejemplo para quedar bien con la policía se ha dicho que ellos detienen a los delincuentes y ellos los sueltan. Esa es una afirmación muy audaz que le hace mucho daño al Poder Judicial.

Kirchner parece pedir más firmeza para el delincuente común y al mismo tiempo su procurador evita que un fiscal que un fiscal investigue la corrupción.

Hay una gran contradicción. Y máxime que existen casos que ya la gente se está empezando a olvidar, como el caso Skanska, el caso de las obras públicas desarrolladas sin las debidas licitaciones. Como pasan al olvido, luego desaparecen por otros casos de corrupción, como el caso de las valijas, etcétera. Y eso está mal. Si hay un funcionario que quiere investigar, correspondería dejarlo. A menos que lo que se quiera es trasladar una suerte de amiguismo e impunidad en el marco gubernamental.