Ya desde la década de 1990, la seguridad ciudadana empezó a formar parte de las primeras demandas de la población, en el mundo en general y en nuestro país en particular.

La autonomía de esta área, antes subsumida a la acción policial, y los nuevos tiempos venideros motivaron en nuestro país el desarrollo del Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD) en el año 2000. Pero luego de varios intentos de ponerlo en funcionamiento, fue dejado de lado por los nuevos aires de gobierno.

El secuestro y crimen de Axel Blumberg en 2004 generó una ola de movilizaciones frente al Congreso y Tribunales que trajeron fuertes y espasmódicos cambios normativos realizados por nuestros representantes en el Congreso, impulsados más por el miedo que por el discernimiento razonable de lo que se debía hacer. Lamentablemente, nos acostumbraríamos luego a otros casos que nos impactaron de igual forma.

La institucionalización del área

En 2010, luego de la toma del Parque Indoamericano, se creó el Ministerio de Seguridad de la Nación, área que hasta entonces era secretaría, dependiendo del Ministerio del Interior o de Justicia acorde a la conveniencia política y al personaje designado para conducir el área.

Cuatro fuerzas federales se encuentran aún hoy bajo el Ministerio de Seguridad: la Policía Federal (que no es federal), la Gendarmería Nacional (que está lejos de cumplir con su rol verdadero y más que necesario),  la Prefectura Nacional (desdibujada en sus funciones) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (cuyas tareas y fines, ya que fue creada a pedido, deberían de ser revisadas).

Los últimos 20 años nos mostraron los más diversos pelajes en la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación, cual directores de orquesta, los designados para el cargo tomaban una partitura que debía ser única y la interpretaban con el ritmo que querían, dando inicio así a un nuevo ciclo de políticas de seguridad (si así se las podía llamar) acorde al personaje que -generalmente sin saber nada en la materia- venía con su librito a experimentar.

Desde ministros que con su actitud y políticas desmerecían la función de las fuerzas y sus integrantes, sin importar la seguridad en verdad, hasta permitirnos el lujo de creernos que espectaculares acciones marquetineras/publicitarias realizadas por un secretario de seguridad tropero, nos llevarían a pensar al común de la gente que estábamos protegidos.

Así nos fue: dejaron la puerta abierta con su inacción, desconocimiento o miedo a la nueva ola de clanes de la droga internacional, que llegaron para hacer su cruel negocio, convertirnos en uno de los países de mayor consumo, contaminarnos y exportar desde nuestro suelo.

Ya con Cambiemos, la dupla Bulrich-Burzaco puso el acento en la persecución del narcotráfico, con un respaldo más directo hacia las fuerzas y dándoles el lugar que merecen como instituciones del Estado. En esta última gestión se destacó el logro de un corpus estadístico de los delitos en el país, validado por organismos internacionales.

Esto nos permitió conocer que Argentina tiene la segunda tasa más baja de homicidios dolosos de América Latina, después de Chile, con 5,3 hechos cada 100.000 habitantes. Entre 2014 y 2018, este tipo de delito se redujo un 30,3% en el país. Los últimos datos que se conocían de 2019 permitían augurar que ese año sería el más bajo en homicidios desde 2001.

Estos pasos organizativos que urgentemente deben darse -nunca fáciles en nuestro país- tienen en el gobierno recientemente asumido una nueva oportunidad de afianzarse. El buscar las razones y necesidades de lugares que, como Rosario muestran una explosión de violencia, es el paso siguiente.

La idea expresada en campaña por el partido ahora gobernante fue la de reemplazar al Ministerio de Seguridad por un Consejo de Seguridad a través de una Ley que se está o estaría redactando.

Los acordes de Tucumán

En esa sintonía, el 13 y 14 de febrero pasados se reunió el Consejo de Seguridad Interior, organismo creado por Ley desde hace muchos años e integrado por los Ministros de Seguridad de las provincias, al que fueron invitadas en esta oportunidad, autoridades de bloques parlamentarios opositores.

Las partes transmitidas en vivo permitieron apreciar -más allá de algún desliz horrendo y que justifica actitudes conocidas de ciertos actores de esa reunión- un funcionamiento poco armónico. Mientras algunos ministros se auto-elogiaban, otros reclamaban y pedían. En realidad, pocos exponían un Plan Integral de Seguridad y Convivencia de cada uno de los Estados que representaban.

Esperamos que se trate solo de los ensayos lógicos de una orquesta que se reúne por primera vez y que las siguientes "presentaciones" sean más armónicas. Aunque, a decir verdad -y visto desde el conocimiento de interactuar con países donde la política de seguridad es una política seria de Estado, y donde todo se planifica y desarrolla luego de reconocer el problema y elegir las mejores herramientas para combatirlo-, no creo que tengamos buen pronóstico hacia adelante.

¿Hacia dónde vamos?

Diversos sectores que inciden en la agenda de Seguridad proponen teorías nacidas en otros países, con otras culturas disimiles, diferentes poblaciones, distintas formas de interpretar la ley y diferentes recursos.

Con el equipo de profesionales con el que trabajo, entendemos que el camino lo marca nuestra pertenencia a la región sudamericana, debido a sus amenazas y desafíos, poblaciones parecidas, casi los mismos delitos y conflictividad similar. Como lo vengo reiterando desde hace años, hay procesos exitosos en América Latina en los que referenciarnos.

Proponemos tres temas realmente prioritarios, sin subestimar ni dejar otros de lado. El primero es el dictado de una Ley de Seguridad Nacional, cómo tienen Colombia, Ecuador y Perú. Cada gobierno provincial debe presentar al inicio de su gestión un Plan de Seguridad acorde a su realidad territorial, que también replica a nivel nacional, y que llega hasta los municipios. Plan Integral de Seguridad se lo denomina, para aquellos que recién se inician en la gestión.

En segundo lugar, consideramos necesaria la creación de una Agencia Federal Antinarcóticos, o la reconversión de las fuerzas federales en este tema. El narcotráfico es la amenaza más grande de estos tiempos, por su despliegue de violencia, capacidad de corromper con su inacabable masa de dinero a hombres con decisión política en los gobiernos e instituciones. La degradación social que genera esta ilícita actividad es fenomenal y difícil de revertir si no se actúa con eficacia y seriedad que vaya más allá de la publicitada y poco eficaz acción de derribar bunkers de droga, como se dio en llamar a ranchos de ladrillo hueco y techos de chapa. Hay que ocuparse pronto y con verdadera eficacia del narcotráfico transnacional en nuestro territorio.

Y en tercera instancia, lograr la capacitación seria y profunda de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, con estándares profesionales y de manera permanente, como un fin que se ejercita a diario. Es decir, lo que se denomina capacitación continua. Escuchar reclamar en ese concejo a una gran cantidad de funcionarios provinciales de seguridad por la profesionalización de sus fuerzas provinciales, cuando hace menos de cuatro años firmaron los respectivos convenios de capacitación y estandarización de formación de fuerzas policiales, da pena. Ni siquiera recuerdan lo que firmaron tiempo atrás. Eso nos muestra la falta de políticas de Estado con continuidad.

Cada cuatro años, un nuevo maestro de música se pone a conducir la orquesta, cambia la barita, la partitura y de una obra clásica pasa al reggaetón. Si a esto le sumamos que el maestro debe contar con la pobre colaboración de músicos apenas formados, el resultado de la música, la seguridad, que reciben los oídos de la población es cada vez más el de las balas y la violencia.

Nuestros políticos deben comprender que hay que realizar Políticas de Seguridad, y NO hacer Política con la Seguridad. ¿Se entiende? Referenciémonos en procesos exitosos de América Latina.