Laura Alonso confirmó que las denuncias de Elisa Carrió contra los jueces de la Corte Suprema son una embestida del Gobierno contra el Máximo Tribunal luego del fallo que frenó el tarifazo del gas.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) ofreció a Lorenzetti; al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su “cooperación y asistencia técnica” para publicar las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de los integrantes de estos organismos en su sitio web (www.anticorrupcion.gov.ar).

La “cooperación” de Alonso, que desde que asumió en la OA es cuestionada por jugar abiertamente a favor del Gobierno, se da horas después de que Lilita volviera a pedir que Lorenzetti y compañía presenten sus declaraciones patrimoniales, un pedido que había sido respondido en mayo y la chaqueña consideró “insuficiente”.

Como anticipó LPO, el nuevo pedido de Carrió, por ende, sonó en el mundo judicial como una provocación por parte del propio Gobierno, molesto por el fallo contra el tarifazo, más que un capricho de la diputada.

La OA le recordó a los titulares de la Corte, la Magistratura y la Procuración que "la libre accesibilidad de las DD.JJ. de los funcionarios públicos nacionales -incluidos jueces y fiscales- para que puedan ser consultadas por toda persona interesada de forma gratuita es una obligación establecida por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 26.857".

"La publicación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en forma proactiva y su posibilidad de acceso libre a través de internet constituye un mecanismo más efectivo para garantizar el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública", resalta un documento enviado a esos funcionarios, que lleva la firma de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.

Asimismo, sostiene que "la presente propuesta es concordante con la política de apertura de datos dispuesta por el Decreto N° 117 del año 2016" y destaca que "la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción".

"La disponibilidad de los datos públicos constituye un elemento catalizador para el fortalecimiento del proceso democrático", concluye.