El ajuste tarifario para las boletas de la luz que viene cocinando a fuego lento el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren se topó con un escollo económico-político que tiene como protagonistas a las eléctricas estatales y privadas del interior del país.

El problema que debe resolver Aranguren antes de descargar las fuertes subas que tiene en carpeta es el cobro de la deuda récord de casi 15.000 millones de pesos que han acumulado las distribuidoras provinciales con la CAMMESA—la administradora estatal del mercado eléctrico—por la energía que reciben del sistema.

El “sinceramiento” de las tarifas que prevé llevar adelante la nueva administración macrista apunta a un doble objetivo: mejorar los ingresos de las empresas generadoras que venden su energía en el mercado mayorista eléctrico e incrementar los recursos de Edenor y Edesur, las distribuidoras de la región metropolitana que dependen del gobierno nacional.

La parte del ajuste que corresponde al sector de “generación” se tiene que aplicar a todos los usuarios del país. En tanto, la suba destinada al segmento de “distribución” va a recaer sólo sobre los clientes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Aranguren cayó en la cuenta de que previo a cualquier incremento tarifario para los generadores tiene que encarrilar las cuentas con las empresas provinciales porque de lo contrario el lastre de las deudas se agravaría y aumentaría el riesgo de tornarse incobrable.

Descartada la posibilidad de que se pongan al día en el corto plazo, la apuesta del nuevo gabinete energético nacional es que todas las eléctricas deudoras y morosas acepten suscribir planes de pago a mediano y largo plazo con la CAMMESA.

El listado actualizado de las facturas impagas de las eléctricas—que se fueron acumulando desde 2014 con la venia de la administración kirchnerista—roza los 15.000 millones de pesos. Ese monto récord es casi 11 veces lo que factura la CAMMESA por mes a todas las distribuidoras del país.

Varias eléctricas provinciales y cooperativas del interior dejaron de pagar a mediados de 2015. Fue cuando vieron que el gobierno K. comenzaba a atrasar los desembolsos de los fondos comprometidos en el “acuerdo federal de convergencia tarifaria”.

Hace un año, la mayoría de las provincias habían acordado con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido no subir las tarifas de distribución a cambio de compensaciones y aportes económicos para obras prioritarias y el pago de los aumentos salariales. Tras haber girado esos fondos en tiempo y forma hasta mediados de 2015, la Nación interrumpió los envíos a partir del segundo semestre, dejando una deuda pendiente del orden de los 2.000 millones de pesos.

El último informe sobre el nivel de cobranzas que la CAMMESA –que ahora conduce el histórico Julio Bragulat—le elevó a Aranguren puso en el primer puesto a la distribuidora cordobesa EPEC con una deuda de 5.136 millones de pesos.

La segunda eléctrica estatal que más debe es la EPE de Santa Fe. Tiene una deuda de alrededor de 1.700 millones de pesos, pero con significativa salvedad. Se avino a firmar un plan de pagos para saldar lo adeudado en 36 cuotas mensuales.

En el tercer lugar figura la eléctrica mendocina EDEMSA con un rojo de 1.329 millones de pesos que equivale a más de 20 meses de su facturación habitual.

Luego aparece la correntina estatal DPEC con una deuda por 1.305 millones de pesos que representa 31 meses de su facturación.

En el quinto escalón de las deudoras se encuentra la privada Edelap que en 2012 pasó de la órbita de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Esta distribuidora que controla el fondo inversor de Alejandro Macfarlane arrastra una deuda de 1.158 millones.

A continuación se ubican la empresa estatal chaqueña (SECHEEP) con una deuda de 715 millones de pesos; la distribuidora de Catamarca (617 millones de pesos), la bonaerense EDEN (566 millones de pesos) y EDEA –la operadora de la costa atlántica que también maneja Macfarlane—que acumula un factura impaga de 456 millones de pesos.

También son deudoras de la CAMMESA, entre otras, la rionegerina EDERSA con 305 millones de pesos, la santacruceña SPSE (235 millones de pesos), la salteña Edesa (194 millones de pesos) y Energía de Entre Ríos (150 millones de pesos).

En el listado de las cooperativas, sobresalen como las más morosas la Cooperativa de Comodoro Rivadavia con 326 millones de pesos y la Cooperativa de Trelew con 213 millones de pesos.

En tanto, con Edenor y Edesur—las distribuidoras privadas más grandes del país que llegaron a acumular una deuda de casi 5.000 millones de pesos—se registra una situación muy particular.

Tal como informó LPO, ambas empresas no tienen facturas atrasadas gracias al “salvavidas” que le tiró en marzo de 2015 el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Fue por medio de la resolución 32 de la Secretaría de Energía que reconoció un fuerte aumento en sus ingresos que no fue afrontado por los usuarios, sino por el propio Gobierno con un nuevo paquete de subsidios implementado a través de la CAMMESA.

Con esa ayuda extraordinaria, cancelaron sus deudas y pasaron a abonar mensualmente la energía que toman del sistema nacional.