La precaria relación que venían manteniendo el ministro de Economía, Axel Kicillof y la conducción de la empresa estatal Enarsa registró un marcado cortocircuito que podría derivar en serias complicaciones legales para ex y actuales funcionarios del área energética.

Al solicitar una partida de fondos para saldar las facturas pendientes del año pasado por el alquiler de los generadores móviles, el directorio de Enarsa se topó con una insólita reacción de la Secretaría de Energía que conduce la camporista Mariana Matranga.

“La contratación de este servicio no fue instruida por ésta Secretaría de Energía, razón por la cual no afrontaremos la suma que demandó la contratación de Enarsa por el servicio de generación móvil por el período diciembre 2013/diciembre 2014”, fue la lacónica y terminante respuesta que—por instrucción de Kicillof—le dio por escrito la titular de Energía a las autoridades de Enarsa.

Por medio de la nota 2199 remitida dos días antes del ballotage, Matranga no sólo dejó desairados a los directivos de energética estatal, sino que además los puso en una situación legal más que incómoda debido a que no podrán pagar los contratos y compromisos asumidos en nombre del Gobierno.

La decisión de Economía de no autorizar el desembolso de los recursos requeridos también colocó sobre el tapete la actuación del ex secretario de Energía, Daniel Cameron, quien por orden del ministro de Planificación, Julio de Vido, había sido el encargado de dar el visto bueno para la contratación de los generadores transportables.

Lo que está en juego es el pago de un paquete de deudas correspondiente al año 2014 que oscila entre los $ 60 y $ 75 millones a los proveedores de las “Unidades de Generación de Energía Eléctrica Móvil” (UGEEM).

Un programa polémico

Creado a mediados de 2010, el programa de las UGEEM se utiliza para atender situaciones de emergencia, reforzar el abastecimiento y cubrir casos críticos de falta de suministro eléctrico como los registrados en Recoleta y Barrio Norte a principios de octubre.

En total, Enarsa tiene contratados unos 357 equipos móviles que funcionan con gasoil y biodiesel y aportan una potencia disponible de 358 MW.

Más allá de poner en la mira el millonario negocio de las usinas móviles que fue creciendo por el déficit energético registrado durante la administración kirchnerista, la negativa de Energía dejó en evidencia la pérdida de confianza de Kicillof con el referente de La Cámpora que aterrizó en el directorio de Enarsa a mediados de 2013.

Se trata de Juan José Carbajales, el actual gerente general y virtual vicepresidente que comparte el manejo bicéfalo de la empresa con el devidista Walter Fagyas.

Mientras preparan las valijas y buscan emprolijar los trámites más sensibles de la gestión de los últimos meses, los timoneles de Enarsa acordaron llevar adelante una polémica medida.

En lugar de llamar a una nueva licitación para que resuelvan las nuevas autoridades que asumirán el 10 de diciembre, la compañía estatal decidió prorrogar por un año más los contratos con las empresas privadas que prestan los servicios de “agencias marítimas” para los barcos metaneros que traen al país el GNL (gas natural licuado) importado.

Los contratos que se extenderán en forma directa involucran un total de US$ 25 millones anuales y corresponden a los servicios de “agenciamiento marítimo” que comprenden todas las tareas inherentes a la registración aduanera, el ingreso y salida de los puertos, las autorizaciones de Prefectura y Migraciones y los permisos técnicos y administrativos.

En el caso de la terminal regasificadora de Bahía Blanca, la agencia que seguirá operando hasta fines de 2016 es Meridian. En tanto, en el caso de la planta regasificadora de Escobar, la beneficiada con la ampliación contractual es Service Management SA.