La querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey, uno de los 51 muertos de la Tragedia de Once, pidió 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y 18 años para el ex dueño de TBA, Sergio Claudio Cirigliano, por los delitos de "estafa" y "descarrilamiento culposo".

En contraste con las otras dos querellas que este lunes solo pidieron la prisión para el motorman Marcos Antonio Córdoba, el tío de la víctima y uno de los abogados de la denominada querella número 3, Leonardo Menghini, analizó que los 29 acusados son responsables de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

El letrado consideró que todos "tuvieron por su acción o por omisión el dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012", en la estación terminal de la línea Sarmiento.

En su alegato, Menghini afirmó que Schiavi y Jaime "eran funcionales a la actividad económica de TBA" porque había "falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar".

Para fundamentar su postura, destacó que "a Cometrans (empresa encargada de los controles) le pagaban por un servicio que no cumplía", por lo que consideró que "el Estado financiaba las ganancias de Cometrans y esto lo sabían todos los funcionarios".

A propósito de adónde se desviaban los fondos que recibía TBA en concepto de subsidios, el abogado señaló que la empresa "pagaba el sponsoreo de un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo", "pagaba vuelos privados en Bayres del Sur" y "pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos".

Lelia Leyva, otra abogada de la querella 3, indicó que el tren en que se produjo el accidente había estado "un mes parado en el depósito".

En ese marco, recordó a los magistrados que un mail "del ingeniero Roque Ángel Cirigliano" de TBA daba aviso cinco días antes del siniestro que "el tren chapa 16 debía estar inactivo", pese a lo cual fue reingresado al servicio.

La abogada también denunció que los acusados en el juicio "arreglaban" con los testigos sus declaraciones "en el baño de caballeros" de los tribunales de Comodoro Py y que "lo hacían sin importarle quien escuchaba".

En la ronda final de los alegatos de las querellas, la perteneciente a Lucas Menghini se diferenció de las otras dos, que este lunes ante el Tribunal coincidieron en solicitar la pena de 22 años de prisión para el motorman Córdoba, pero dejaron a fuera al resto de los acusados.

Al finalizar esta etapa, será el turno del fiscal de juicio Fernando Arrigo, quien según indicaron fuentes del caso podría extenderse durante al menos cuatro audiencias para formular su pedido de penas.