Roberto Carlés defendió desde esta mañana en la Comisión de Acuerdos su pliego como candidato del Gobierno a Juez de la Corte Suprema de Justicia y, lejos de esconderse, admitió que tiene un contrato con el Senado por más de 30 mil pesos que ni siquiera lo obliga a asistir.

Su inconsistente defensa no perturbó al kirchnerismo, que le dio dictamen al pliego e intentará aprobarlo la semana próxima. Pero por ahora está lejos de los dos tercios necesarios. 

“Soy asesor de la dirección de obras y servicios generales de esta casa. Mi función es estrictamente jurídica. En toda dependencia administrativa que ejerce facultades de compras es necesario actos administrativos que requieren control letrado”, ratificó Carlés durante la primera parte de la audiencia, en la que debió responder a consultas leídas por un empleado de la Comisión de Acuerdos, presidida por Rodolfo Urtubey. 

“Mi remuneración neta es de poco más de 30 mil pesos y mi superior es Daniel Lauro. Los horarios dependen de la actividad que tenga. A veces la carga es de todos los días y otras puedo trabajar desde afuera”, se defendió.

Cuando llegó el momento de los cuestionarios, el radical Luis Naidenoff le hizo saber que su alta remuneración se debía a que cumplía funciones en la categoría 1 de planta transitoria, bajo la modalidad full time.

Por lo tanto, recordó que no sólo no puede asistir eventualmente al Senado, sino que tampoco podría haber coordinado la comisión para la reforma del Código Penal, sin “un instrumento interno” que le haya permitido ausentarse.

Sin perder su tono monocorde y amable, que le permitió evitar cruces innecesarios, Carlés se excusó en que la comisión se reunía los martes después de las 16 horas y él redactó los anteproyectos “los sábados y los domingos. Lo cual le debo a mi esposa y mis hijos”, se victimizó.

“No le creo doctor. No puede haber hecho todo el trabajo en comisión los fines de semana. Además, necesita un instrumento interno”, cerró Naidenoff.

Dos semanas para 5 votos                                                   El kirchnerismo no tiene hoy los 48 votos para llegar a los dos tercios y aprobar el pliego de Carlés, pero aún así está decidido a dar batalla en el recinto. El dato hoy fue que pasó al 15 de abril la sesión, o sea, tendrá dos semanas para convencer a al menos 5 opositores que le faltan. La cuenta es simple: en noviembre 28 senadores ratificaron que no votarán a ningún candidato a la Corte propuesto por el Gobierno. Los cañones están puesto sobre el peronismo federal pero sus miembros juran y perjuran que mantienen su posición. En extraordinarias, Guillermo Pereyra y el fueguino Jorge Garramuño apoyaron la creación de la nueva agencia de inteligencia. Las otras miradas están puestas sobre Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá, a partir de la cercanía de la primera con el iglesia y la afinidad de Carlés con Jorge Bergoglio. Por ahora, son sólo hipótesis. E insuficientes 

Lauro es director de Obras, Mantenimientos y servicios públicos del Senado, donde responde a los deseos del vicepresidente. Es recordado por haber negado que Boudou haya construido un jacuzzi ni bien asumió.

Como aún no recibía repreguntas, Carlés no explicó porqué Lauro requería indispensablemente de sus servicios y no le bastaba con el personal del Senado que remite a la secretaría administrativa, a cargo de Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, mano derecha de Boudou.

Según su relato, el contrato con el Senado fue uno de sus primeros trabajos en su retorno al país, tras varios años cumpliendo tareas académicas.

Incluso, durante ese año tuvo tiempo para preparar sus dos tesis de doctorados y viajar a defenderlas en Guatemala e Italia.

Carlés logró evadirse mejor de lo esperado sobre las inconsistencias de su currículum, pero no pudo saldarlas del todo ni ocultar que su objetivo no fue otro que sobrevalorar su experiencia en sus ocho años de abogado.

Insistió en que fue asesor del Colegio Público de Abogados de la Capital federal de la ciudad aunque lo haya negado su presidente Jorge Rizzo. Recordó que fue víctima de una “precarización laboral” al cumplir tareas de asesor bajo la modalidad de pasante.

Las impugnaciones

La audiencia comenzó con un cuestionario diseñado por la Comisión de Acuerdos, presidida por el salteño Rodolfo Urtubey, a partir de las consultas e impugnaciones recibidas.

Buscaron así que Carlés amortigüe los principales cuestionamientos antes del interrogatorio de los senadores, pero ni su solvencia jurídica para responder cuestiones de derecho alcanzó a subsanar algunos grises de su pliego.

El jurista desmintió todos los tuits que se registraron en su cuenta ni bien se conoció su postulación, con elogios al Gobierno, a Amado Boudou y malos augurios a Jorge Lanata.

“No los recuerdo. Hay gente que se dedica a hakear cuentas”, se evadió. Negó haber avalado al Gobierno: recordó que sólo militó en la UCR y en el ARI y que supo hacer críticas a la gestión de Cristina “que no fueron levantadas por los medios”.

Sin embargo, lo único parecido a una objeción al Gobierno que hizo fue su diferencia respecto al fallido intento de Cristina por lograr que los miembros del Consejo de la Magistratura se elijan por el voto. 

El radical Mario Cimadevilla lo dejó mal parado cuando le consultó si, como figuraba en uno de sus tuits, consideraba que había sectores de la justicia permeables a intereses. "Es una realidad que existe y hay que subsanar", ratificó.  

Otra objeción fue no registrar los 8 años en ejercicio de la profesión como indica el artículo 111 de la Constitución.

“La exigencia es sobre tiempo de profesional no sobre práctica tribunalicia. Si así fuera el 30% de los magistrados no podría haber ejercido”, se defendió.

Tuvo que aclarar que tampoco fue abogado litigante durante su residencia en el exterior “pero ejercí como jurista en tareas de investigación mientras realizaba dos doctorados”.

Para justificar su rechazo al pliego, Gerardo Morales contó que pidió la constancia de los bonos emitidos por Carlés para litigar y no había registro. Confirmó así que su corta experiencia se reducía a la academia y el asesoramiento.

“Debería contemplarse mi trabajo como asesor en la elaboración del Código Penal”, buscó defenderse.

Otro punto en discordia es la posible violación del cupo femenino que significaría su incorporación. “No necesariamente las minorías son defendidas con un representante”, intentó escaparse. 

"Que paguen ganancias" 

Carlés sostuvo que los magistrados deben pagar el impuesto a las ganancias, del que están eximidos por una acordada del máximo Tribunal.

“Los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias como cualquier ciudadano. Es grave que no sea así porque viola un principio de igualdad. Y más grave es que sea por medio de una acordada”, sostuvo.

Agregó que “el argumento de la garantía de irreductivilidad de los salarios de los jueces, prevista en la Constitución ha sido refutada en la Corte de los Estados Unidos. Es como decirles a los jueces que no paguen la luz y el teléfono”, comparó.

Fue el único ataque que le dio al máximo tribunal, al que definió como “la mejor Corte de la historia”.

Incluso, se deshizo en elogios al Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio web de la Corte que publica fallos seleccionados por Ricardo Lorenzetti. “Es un hecho de revolución comunicacional”.

Entre las opiniones que dio, Carlés ratificó su oposición al aborto, peor sí dijo acordar con el matrimonio entre personas del mismo sexo. También avaló el fallo Arriola, que despenaliza a las personas adultas halladas con marihuana para consumo personal.