La Legislatura de Córdoba aprobó ayer el pliego de Pablo Bustos Fierro para fiscal Adjunto de la Fiscalía General, que enviara el gobernador José Manuel de la Sota tres días después de que el juecista Ricardo Fonseca lo denunciara por presunto lavado de dinero y el expediente fuera a parar al despacho del juez federal Ricardo Bustos Fierro, el padre del nuevo funcionario.
La coincidencia no escapó al ojo crítico de los legisladores de la oposición al delasotismo, que lo consideró una “jugada baja” de De la Sota para ganarse el favor del juez que ahora debe analizar su conducta.
La denuncia del legislador Fonseca apunta a supuestas maniobras financieras por las que habrían desaparecido 500 millones de pesos de Córdoba Bursátil (encargada de recuperar créditos del ex Banco Social y del Banco de Córdoba) en beneficio de la empresa Kolektor (recaudadora de cartera morosa de la Provincia.
Kolektor es la empresa, además, que se vio involucrada en el escándalo de los videos donde uno de sus dueños, Hermann Karsten, aparece ofreciéndole dinero a un periodista, en nombre del gobierno, para suavizar críticas al oficialismo y dirigir las observaciones a la oposición.
La presidente del bloque del Frente Cívico (juecismo), Liliana Montero, advirtió que“no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desacuerdo con el momento arbitrario y especulativo” elegido por el gobernador De la Sota para enviar el pliego.
La legisladora consideró que la maniobra de De la Sota es para “condicionar la actividad del juez Ricardo Bustos Fierro”.
“No puede estar desvinculado este pliego de la situación que estaba viviendo el gobernador”, remarcó. “Nos hace dudar no de las cualidades de Pablo Bustos Fierro, sino del oportunismo del gobernador”, distinguió.
Otro legislador que golpeó duro fue Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal Córdoba, para quien la designación de Pablo Bustos Fierro “forma parte del mismo ataque de pánico del gobernador De la Sota, tres días después de la denuncia de Fonseca sobre Córdoba Bursátil”.
Los radicales y el macrista criticaron también la “coincidencia”, pero igualmente votaron a favor, sosteniendo que no creen que Pablo Bustos Fierro esté involucrado en el presunto pago de favores.
Desde el oficialismo aseguraron que sólo se trató de cubrir una vacante y que Pablo Bustos Fierro cumple con los requisitos para el cargo.
También ayer tuvo polémica, aunque menos, la aprobación del pliego de Sebastián López Peña para la vocalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En este caso, las críticas fueron porque López Peña ha sido funcionario de los gobiernos de Unión por Córdoba (peronismo y aliados) lo que despierta algunas suspicacias sobre el futuro desempeño en el TSJ.
