Los coletazos del escándalo de corrupción que involucra a Petrobras y que tiene en vilo a la administración de Dilma Rousseff prometen llegar en el corto plazo a los negocios que la petrolera mantiene en pie en la provincia de Santa Cruz.

Ante la demora que registra el proceso de venta de las áreas hidrocarburíferas que la compañía brasileña tiene adjudicadas en el sur, el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, podría disponer en las próximas semanas la caída de todas sus concesiones de Petrobras por los incumplimientos de inversiones que ha venido acumulando en los últimos tres años.

En la provincia patagónica de la familia presidencial, Petrobras posee unas 22 áreas concesionadas que cubren una superficie de casi 8.000 kilómetros cuadrados. De ahí obtiene casi el 20% de su producción local de gas y petróleo que está en franco declive desde el año 2000.

A principios del año pasado -cuando muy pocos creían que la ‘’Operación Lava Jato’’ en Brasil iba a terminar haciendo estragos en sus finanzas y credibilidad-, Petrobras había decidido retirarse de las áreas santacruceñas mediante una salida ordenada que implicaba la venta de esos activos al mejor postor.

Con ese objetivo contrató al banco Scotia Waterous de EE.UU. para que salga a buscar oferentes interesados en quedarse con las áreas de exploración y producción de hidrocarburos ubicadas en las zonas de Río Gallegos, La Esperanza, Camusu Aike, Glen Gloss y Chiripá.

Tras analizar las ofertas recibidas, los técnicos del banco le informaron a Petrobras en setiembre del año pasado que la propuesta más conveniente había sido la presentada por la Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera que controla Eduardo Eurnekian, el timonel de la Corporación América y Aeropuertos Argentina 2000.

Si bien no se dieron a conocer oficialmente las cifras, los cálculos de los especialistas del sector indicaron que la oferta de CGC a Petrobras rondaba los US$ 300 millones. En tanto, los ingresos inmediatos que habían estimado para la provincia por la renegociación de la mayor parte de las concesiones que vencían 2017 oscilaban entre los US$ 500 y US$ 1.100 millones.

Lejos de cerrar la cesión de las áreas en danza, Petrobras dejó pasar el tiempo y a fin de 2014 se vio sorprendida por el estallido del megaescándalo de corrupción y sobornos que salpica a las principales empresas constructoras de Brasil, a buena parte de los representantes parlamentarios y a los partidos que integran la coalición gobernante: PT, PP y PDMB.

Ante esa demora y la decisión de las nuevas autoridades de Petrobras que encabeza el ex titular del Banco Do Brasil, Aldemir Bendine de frenar todas las transferencias de activos en el exterior hasta nuevo aviso; la administración santacruceña de Peralta ya tendría decidido avanzar con la quita de las concesiones para volver a licitarlas antes de las elecciones.

Para justificar la reversión de las concesiones a la provincia, Peralta desempolvaría el informe que el Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC) había elaborado el año pasado sobre los incumplimientos contractuales que ha venido acumulando Petrobras.

Ese informe -que quedó transitoriamente congelado ante las promesas de venta que había efectuado la empresa-, destacó que entre 2007 y 2013 la producción de gas y crudo de Petrobras bajó casi un 50%, mientras que por el lado de las inversiones se verificó un incumplimiento del orden del 34%.

Más allá de los argumentos que esgrimen los funcionarios provinciales, la confirmación de la movida de Peralta sumará seguramente un nuevo factor de discordia en la tensa relación bilateral que mantienen actualmente los gobiernos de Argentina y Brasil.