Los distinguidos pasillos del Senado en nada contribuyeron a morigerar el caudillismo cerril del presidente provisional de la Argentina, el santiagueño Gerardo Zamora, que como muchos de sus colegas del Norte, siguen manejando sus provincias como si se tratara poco más que de su estancia particular.

Esta vez, Zamora orilló el ridículo al mandar a clausurar la estación de servicio que suministra combustible a la Municipalidad de La Banda, con la clara intención de generar caos en la gestión del massista Chabay Ruiz, que la semana que viene pondrá en juego su reelección en los comicios convocador para elegir intendente.

Pero Zamora no se quedó en eso. Como hizo en su momento con un periodista que lo incomodaba, no dudó en apelar a la Policía provincial para intimidarlo directamente. Chabay tenía apostados esta noche en la puerta de su casa dos móviles policiales con cuatro efectivos, sin que nadie los haya llamado o exista algún motivo para su presencia.

Y para completar la irracionalidad, Zamora ordenó que prohíban al resto de las estaciones de servicio de La Banda que suministren combustible a cualquier vehículo de la Municipalidad. De hecho militarizó con policías a todas las estaciones de servicio de La Banda, para que se cumpla su orden.

Esto impide al municipio realizar muchas de sus tareas diarias, como el funcionamiento de ambulancias y camiones regadores, entre otras.

Para que no queden dudas de donde viene el boicot, la Policía santiagueña depende directamente de la actual, Claudia Ledesma Abdala, esposa de Zamora.

La excusa pueril para clausurar la estación de servicio que suministraba combustible a la Municipalidad fue que había expendido combustible a motociclistas que no tenían colocado sus respectivos cascos. Un disparate ya que se tipo de reglamentación es jurisdicción de la Municipalidad.

Así lo precisó la jueza de Faltas local, Verónica Larcher, quien se hizo presente en la estación de servicio. “La Banda, al ser un Municipio de primera categoría tiene sus ordenanzas y un Tribunal de Faltas que tiene la facultad de hacer respetar las normas y ordenanzas vigentes en la ciudad. Por lo tanto, esta clausura no corresponde que sea dictada por autoridades externas. Estamos sufriendo un avasallamiento de nuestra autonomía y de la jurisdicción”, denunció la jueza.