Ecuador se envuelta envuelto en una nueva crisis del sistema carcelario. Como contó LPO en su momento, la anterior crisis fueron los amotinamientos fueron la Penitenciaría del Litoral y el CRS Regional, en Guayaquil; y los Centros de Rehabilitación de Turi, en Cuenca; y de Cotopaxi, en Latacunga, en febrero de este año en medio de la campaña electoral entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz.

Ahora, se registró un enfrentamiento entre bandas por el control de una cárcel en Guayaquil dejó al menos 116 muertos, algunos de ellos decapitados y otros mutilados. En lo que va de año murieron en este tipo de sucesos más 230 presos, con epicentro en esa prisión de Guayaquil, ciudad en la que también se concentra la actividad delictiva del país por su carácter portuario y donde han sido asesinadas en las calles más de 430 personas hasta agosto.

Estos datos fueron confirmaros por el propio presidente ecuatoriano en una conferencia de prensa.  Lasso viajó a Guayaquil, donde encabezó una reunión del Comité de Seguridad, apenas después de disponer el estado de excepción por 60 días, que implica inicialmente que los presos tiene suspendidos sus derechos de libertad de asociación y reunión.

Un sangriento motín sacude la campaña en Ecuador 

"Vamos a coordinar las acciones necesarias que controlen la emergencia, garantizando los derechos humanos de todos los involucrados", explicó  el jefe de estado en Twitter.

LPO consultó a Ramiro Rivadeneira, abogado constitucionalista y ex Defensor del Pueblo, que definió la situación de "terrible" y remarcó que "por tercera vez en el año se da una matanza de esta magnitud".

Rivadeneira sostuvo que "está clarísimo que se desmontó una estructura que ya funcionaba para el tema cárceles, había un ministerio de Justicia y Derechos Humanos que luego se dividió y le sacó capacidad al sistema integral de rehabilitación". "Ahora es el ministerio de Gobierno que se encarga del tema pero se dedica mas a la política que a la seguridad", agregó. 

Vamos a coordinar las acciones necesarias que controlen la emergencia, garantizando los derechos humanos de todos los involucrados

El debate generado por la crisis de febrero puso el ojo en la inversión del Estado en el sistema penitenciario. El gobierno de Lasso reduce el problema a la pelea de las bandas por el control de las cárceles y promete mayor inversión en tecnología para monitorear lo que ocurre dentro del sistema. 

Por su parte, la oposición correísta considera que eso solamente no resuelve el problema y apunta a la mala gestión de Moreno y el nulo presupuesto destinado para abordar la problemática de manera integral.

Al respecto, Rivadeneira dijo que "la institucionalidad existente es muy débil para afrontar este problema. Es el tercer estado de excepción en tres años, hay que buscar soluciones mediano y largo plazo y cooperación internacional porque el Estado no está en capacidad de abordar este tema". 

"También hay falta de presupuesto. Se calcula que hay una inversión tres veces menos que lo que se debería", señaló Rivadeneira quien también recordó que Lasso tiene el presupuesto prorrogado. "De todas formas, no tengo esperanza que la inversión es este asunto sea prioridad porque hay una continuidad entre Lenin y Lasso", añadió. 

La institucionalidad existente es muy débil para afrontar este problema. Es el tercer estado de excepción en tres años, hay que buscar soluciones mediano y largo plazo y cooperación internacional porque el Estado no está en capacidad de abordar este tema

Fuentes del Gobierno consultadas por LPO aseguran que "son varios factores en realidad lo que decantado en todo esto" pero se niegan a dar detalles de los pasos a seguir. "Lo estamos analizando", sostienen.

Guillermo Lasso lleva cuatro meses en el poder y ya recibió su primer paro nacional, protestas y ahora una fuerte crisis carcelaria que lo obligó a aplicar el estado de excepción que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en los penales por 60 días y  limitará derechos de muchos los que se encuentran privados de su libertad.