A partir del próximo año, vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas otorgadas en 1993 durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem. Se abre así un negocio energético con capacidad para atraer actores de peso internacional. Pero que además despierta una discusión entre nación y provincias por la propiedad del recurso y de paso, activa los reflejos kirchneristas por una nacionalización.

Como sea, ante la magnitud de lo que se viene, la Secretaría de Energía ya empezó a diseñar una auditoría integral general sobre las operadoras.

La falta de agua obliga a priorizar la población y entra en situación límite la represa El Chocón 

"Se trata de un estudio de diagnóstico y análisis enorme, profundo, que abarca todas las aristas", adelantaron a LPO desde la Secretaría de Energía y agregaron que se trata de un estudio exhaustivo en lo jurídico, contable y financiero. Las empresas deberán rendir cuentas sobre las obras pendientes y mostrar las condiciones de financiamiento.

El final de las concesiones de las represas abre un negocio energético con capacidad para atraer actores de peso internacional. Pero que además, despierta una discusión entre nación y provincias por la propiedad del recurso y de paso, activa los reflejos kirchneristas por una nacionalización.

"La medida contempla en su última etapa la aplicación de sanciones ante los incumplimientos del sector privado", advirtieron las fuentes consultadas.

La auditoría integral concretará la Secretaría de Energía será clave en el proceso que viene. "Lo consideramos insumo para negociar renovación, caducidad o prórrogas de los contratos", agregaron las fuentes.

En el gobierno nacional se apuraron además a cortar de raíz cualquier pretensión de las provincias por quedarse con las represas. "Es como si el intendente de Añelo viniera a reclamar Vaca Muerta", compararon.