La jueza federal María Servini declaró "en rebeldía" al operador macrista Fabian "Pepín" Rodríguez Simón y ordenó su captura internacional, tras el pedido de asilo político en Uruguay.

La magistrada, que investiga las presuntas presiones de la mesa judicial macrista a los dueños del Grupo Indalo, dispuso además su inhibición general de bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias.

Se trata de la primera medida de este tipo para un ex funcionario del gobierno de Cambiemos e impacta fuertemente sobre dos de las principales figuras de la oposición, Mauricio Macri y Elisa Carrió, íntimos de Pepín.

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El objetivo de Servini es que Rodríguez Simón se presente a declaración indagatoria, algo que ya dijo que no hará para lo cual pidió asilo político en Uruguay. La jueza indicó que el pedido "es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación".

La jueza consideró que Pepín "recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo", a través de la presentación de un escrito en el juzgado en el que confirmó que no volverá al país.

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Servini planteó que Rodríguez Simón tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de "imposible comprensión" el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.

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 En ese contexto, la jueza advirtió que "se librará además exhorto internacional a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización" de Rodríguez Simón "y se prohíba su salida de ese país".

Servini insistió con que el diputado del Parlasur fue notificado con antelación suficiente de la fijación de su declaración indagatoria. "Es más, recientemente solicitó medidas de prueba que iban a ser complementarias a su descargo, con lo cual la situación en que se encuentra no es nueva para él. Sumado a ello, los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público -aún no determinada fehacientemente- no puede ser entendida como suficiente para estos fines", señaló la magistrada.