Casi 300 alguaciles de todo Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que dijeron que están "preocupados" por los posibles "efectos secundarios criminales" del fuerte aumento del flujo de inmigrantes a Estados Unidos. 

La misiva renueva la afinidad de las fuerzas de seguridad con las posturas del ex presidente Trump, luego que los principales sindicatos policiales respaldaran públicamente la candidatura del republicano en las elecciones del 2020.

En la carta, que fue enviada el 7 de abril, los alguaciles instaron a Biden a "cambiar el rumbo y ayudarnos a proteger nuestras comunidades asegurando la frontera sur". "Tanto la administración de Barack Obama como la de Donald Trump reconocieron las amenazas y los peligros que presenta la inmigración ilegal", dice la carta. "Es de vital importancia que también usted lo vea", advierten.

"A medida que esta situación continúe evolucionando, más familias estarán expuestas a la violencia asociada con el narcotráfico y las pandillas transnacionales", dice la carta. "Más padres sufrirán la pérdida de sus hijos, no porque fueran irresponsables, sino por la exposición a la violencia criminal ilegal de extranjeros causada por las políticas imprudentes e irresponsables de su administración".

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Los alguaciles también acusaron a Biden, así como al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de politizar la situación en la frontera entre Estados Unidos y México y ser "plenamente consciente" de las posibles consecuencias de revertir la seguridad fronteriza anterior implementada por otras administraciones.

Niños detenidos en las frontera. 

AP

"Puede imaginar lo violentados que se sienten los alguaciles de Estados Unidos luego que desataras una crisis predecible en nuestra nación que pone a quienes prometimos proteger en riesgo de grave peligro. Los alguaciles de Estados Unidos no desafiarán nuestros juramentos", dice la carta.

Y finalizan: "El pueblo de Estados Unidos espera que siempre defendamos y hagamos cumplir el imperio de la ley. Con el interés de poner fin al socavamiento de nuestras normas y el aumento de los riesgos para la seguridad de la gente de los Estados Unidos de América, le pedimos respetuosamente que cambie inmediatamente el rumbo de sus políticas de inmigración ilegal y reanude la construcción del muro fronterizo. y adoptar las políticas fronterizas de sentido común que apoyan la seguridad pública de las administraciones anteriores ".

La carta fue firmada por 275 alguaciles de estados de todo el país, incluidos Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Illinois, Florida, Kansas, Maryland, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón y Texas. 

A pesar de la advertencia por el impacto criminal del flujo migratorio hecha por los alguaciles, los datos muestran que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, tienen estadísticamente menos probabilidades que los estadounidenses nativos de cometer delitos

A principios de esta semana, se informó que la cantidad de personas arrestadas y deportadas por estar en los EU Ilegalmente se ha reducido en el inicio de la administración Biden como resultado de un enfoque de aplicación restringido a personas que sean consideradas amenazas o tengan antecedentes penales.

Según las estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportadas por el Wall Street Journal, ICE arrestó en marzo a 2.214 inmigrantes indocumentados, frente a los 6.679 de diciembre, el último mes completo de la administración Trump.

A pesar del duro lenguaje utilizado por los alguaciles en la carta, los datos muestran que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, tienen estadísticamente menos probabilidades que los estadounidenses nativos de cometer delitos. Un estudio reciente realizado en Texas, el único estado que registra el estado migratorio de quienes ingresan al sistema de justicia penal, encontró que en 2018 la tasa de condenas de inmigrantes ilegales fue de 782 por 100,000 inmigrantes ilegales, 535 por 100,000 inmigrantes legales y 1,422 por 100,000 estadounidenses nativos.

La tasa de condenas de inmigrantes ilegales de los estados fue un 45% más baja que la de los estadounidenses nativos.