
Ecuador dejó el tenso clima electoral que arrastra desde el 7 de febrero para concentrarse en una profunda crisis que se desarrolla en cuatro cárceles de tres ciudades.
Según reportaron fuentes oficiales, los amotinamientos fueron la PenitenciarÃa del Litoral y el CRS Regional, en Guayaquil; y los Centros de Rehabilitación de Turi, en Cuenca; y de Cotopaxi, en Latacunga.
Esta crisis provocó, hasta el momento, 79 muertos y obligó a los candidatos a incorporar este problema a la narrativa de campaña. En ese sentido, el correÃsta Andrés Arauz dijo que "en el gobierno de la Revolución Ciudadana habÃa un comité de seguridad donde intervenÃan policÃas, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedÃa, inclusive habÃa una coordinación con fuerzas municipales. Ahora todo eso ha sido desmantelado. Uno de estos comités era el de inteligencia carcelaria, el que estaba monitoreando qué es lo que pasaba en estos lugares y se podÃa evitar que eso ocurra actuando oportunamente". "El paÃs no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones a favor de la vida de las y los ecuatorianos", expresó.
Arauz afirmó que este dÃa pasará a la historia como un dÃa muy triste para el Ecuador que demuestra la negligencia, la incapacidad y el abandono en todos los ámbitos de la polÃtica pública.
"Esto no es casual, responde a una polÃtica sistemática de abandono del Estado. Solo para comparar, en Brasil, cuando hubo la masacre carcelaria de Carandiru en 1992, esto se convirtió en una forma de entender a la sociedad brasilera, y que en Ecuador, en un solo dÃa haya tantos fallecidos en las cárceles, es para generar un sismo en el paÃs", destacó.
Por su parte, el candidato de derecha Guillermo Lasso, catalogó estos hechos como "una extraña coincidencia" y sugirió que "los privados de la libertad de estos tres recintos carcelarios se amotinaron al mismo tiempo, lo que lo lleva a pensar que en su gobierno se va a reformar el sistema penitenciario para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles del paÃs y acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro de los centros de rehabilitación social".
A su vez, propuso una reforma del sistema penitenciario y denunció que "la administración del actual sistema ha resultado imposible por el hacinamiento en las cárceles del paÃs y eso está causando lo que nadie quiere, las muertes de los presos o que terminen heridos muchos de ellos".
En este contexto, LPO conversó con el ex Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira quien aseguró que esta crisis tiene que ver con "el abandono de la polÃtica social en Ecuador que ocurre desde que el gobierno de Lenin Moreno asumió la presidencia. El sistema penitenciario es solamente un tema más de esta polÃtica de abandono, pues éste se ha visto plasmado también en el sistema de salud, de educación, de trabajo, entre otros".
En relación a las cárceles, explicó el analista que "el presupuesto se ha reducido progresivamente, llegando a un presupuesto en 2020 de alrededor de los 95 millones de dólares, cuando se calcula que para mantener el sistema penitenciario se necesita aproximadamente 290 millones". "Existen 1500 guÃas penitenciarios lo que representa un déficit del 60% de estos trabajadores en el sistema. Los estándares internacionales indican que se requiere un guÃa penitenciario por cada diez personas privadas de libertad, y en Ecuador el promedio es de un guÃa cada 27 personas privadas de libertad, por lo que además deben cumplir horarios que sobrepasan las 24 horas continuas de trabajo. En esta misma lÃnea, existÃa un centro de formación penitenciario que fue cerrado por el gobierno actual", añadió el ex funcionario de Correa.
Además, Rivadeneira aseguró que "sin polÃtica pública planificada, sin el presupuesto necesario y con un déficit de trabajadores penitenciarios es imposible cumplir con los objetivos de rehabilitación y seguridad que plantea el sistema".
En ese sentido, Ramiro Rivadeneira señaló que "en 2019 se emitió un decreto de emergencia carcelaria, y lo propio ocurrió en 2020, sin que ninguno haya tenido impactos positivos, por el contrario, la situación continúa deteriorándose. De ahà que, claramente se pueda establecer que existe una responsabilidad polÃtica del gobierno que está obligado a dar seguridad a los habitantes en todos los espacios del paÃs".
El número de muertes al interior de los centros carcelarios ha venido creciendo en el trascurso de los años, asÃ, en el año 2018 hubo veinte, en 2019 subió a 30, en 2020 ya fueron 47 y en lo que va del 2021 ya tenemos la situación que estamos lamentando que al momento se contabilizan en 79 fallecidos.
Por esta situación, renunció el responsable del aérea Orlando Jácome, subdirector de Rehabilitación y la ONU y la CIDH exigieron respuestas al gobierno.
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