Los acreedores de Entre Ríos resolvieron este lunes ir contra la provincia en los tribunales de Nueva York por no llegar a un acuerdo por los 500 millones de dólares del bono ER25 y sus intereses del 8,75% anual.

Se trata de una colocación a alta tasa de interés que Gustavo Bordet hizo en el año 2017 durante la fuerte temporada de endeudamiento externo del gobierno de Macri y que deben devolverse en tres pagos anuales a partir de 2023.

Sin embargo, devaluación, recesión y pandemia mediante la provincia dejó de pagar los casi 44 millones de dólares de intereses anuales en agosto del año pasado, por lo que en septiembre entró en default y un grupo de acreedores que asegura tener el 54% de la emisión ahora optó por reclamar los 12 millones que les deben en la justicia. La provincia todavía no fue formalmente notificada de esta acción legal, pero aseguró que va a defenderse y continuar las negociaciones extrajudiciales de buena fe.

"Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo. En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda", dijo el gobierno de Bordet en un comunicado este martes.

"La Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios. También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores. Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos", se lee en el comunicado oficial.

El mismo texto explica que en 2017 "las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever" y detalla que la provincia no tiene ingresos en dólares y que mientras el dólar subió 191%, los recursos provinciales aumentaron un 92%, por lo que medidos en dólares se redujeron en un 36%. A esto, se le suma la reducción de la coparticipación implementada en 2019. Este combo llevó a la provincia a suspender los pagos de intereses.

"Se inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis", agrega el comunicado y aclara que la prolongación de la pandemia deja incluso más exhaustas las arcas públicas.