La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado de las pocas personas que puede entrar al recinto en cada sesión remota, por ser vicepresidenta segunda de la Cámara. Se sienta a escasos metros de Cristina Kirchner y de a ratos le toca ocupar su sillón para coordinar el debate y distribuir la palabra por el zoom.

La próxima vez que la releve será durante el debate de la reforma judicial dictaminada este jueves con respaldo del Frente de Todos y el rechazo de Cambiemos, que ni siquiera quiso hacer propuestas de modificaciones en las comisiones, porque la considera parte de una estrategia del Gobierno para manejar las causas por corrupción. 

-¿Qué opina del dictamen que emitió el Senado de la ley de reforma judicial?

La gran diferencia con el proyecto original es la cantidad de cargos creados. En el de antes eran 324: 279 magistrados y 45 secretarias. Ahora son 635: 316 magistrados y 317 secretarías con sus correspondientes funcionarios y empleados. 

Ahí te das cuenta que lo central no era el contenido, que es muy poco lo que se corrigió, sino la cantidad de cargos en el interior. Se crearon algunos sin competencia federal, como la secretaría con competencia de protección de derechos de consumidores y usuarios y medio ambiente.

Es un despilfarro que no tiene sentido, porque la reforma de la justicia no pasa por crear cargos. Informaron que habría una inversión de 1900 millones. Ahora están duplicando los cargos y el costo. Es una cifra impresionante, por una reforma que es para manejar el poder judicial.

-¿Cómo se da el manejo de la justicia a través de esta ley?

-La reforma judicial es mucho más que crear cargos. Es toda una estrategia armada casi como un rompecabezas para que a través de distintas acciones el Gobierno tenga monopolio de la justicia. Implica leyes y la creación del consejo consultivo donde uno de los miembros es Carlos Beraldi, el abogado que defiende a Cristina Kirchner en causas por corrupción.

Pidieron revisar la forma en que se eligen las autoridades del Ministerio Público Fiscal para que el procurador no se defina con los dos tercios del Senado. Y encima se emprenden acciones para desplazar al actual (Eduardo Casal). Estudian cambiar la composición del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Y revisan traslados y designaciones del Gobierno anterior. Todas estas medidas, en su sumatoria, te van a ir definiendo el manejo de la justicia.

Parrilli incorporó en la reforma la obligación de los jueces de denunciar "presiones" de los medios 

¿Pero la ley que se tratará este jueves en que aporta a este control de la justicia que denuncia?

-Si ves la línea que se inicia desde que hay una denuncia hasta el último eslabón, que es la Corte, en todos los lugares se tocan cuestiones que tienen que ver con diluir a los actuales magistrados y generar nuevos cargos para tener otros jueces, si las cosas no salen como quieren.

La cláusula de Parrilli para que los jueces comuniquen si son presionados por los medios no se entiende. Si combaten delitos como narcotráficos y se sienten presionados por una nota periodística, no pueden ser jueces. 

Otro tema son las subrogaciones de jueces por un año. Se trata de una institución para cargos vacantes que  se usará para los recién creados, desoyendo un fallo de la Corte. Y eliminan la prueba de antecedentes en el Consejo de la Magistratura. Podría hablar de cómo trabajan para diluir a los miembros de la Corte y nombrar una sala penal. Te dicen que el juez a cargo de las causas va a quedar, pero es el inicio del proceso. Si sigue a otra instancia hay otro juez. ¡No sigue el mismo!. 

Si fuera un problema de falta de cargos, hubieran designado los pliegos de los 153 jueces que tiene el Ejecutivo, agilizado los 174 concursos o las 70 vacantes. Son 373 cargos, casi un cuarto del total, que no se cubren. O sea que no hay un problema de cuántos jueces faltan.

-¿Qué reforma judicial se necesita si no es esta?

- Siempre hablamos de la morosidad. Pero hay otras causas para abordarla, como el sistema acusatorio que comienza a implementarse, terminar con el expediente papel, cómo se juntan las pruebas o el seguimiento del Consejo de la Magistratura, que tiene que verificar si hay atraso en los procesos.

-¿Está de acuerdo con que los sorteos de las causas sean públicos y que la valoración de la entrevista en la selección de jueces no sea determinante?

-Si, estoy de acuerdo con esas dos medidas. 

-Pero votaría en contra del proyecto

-A ver: primero, es una cuestión de oportunidad. En este momento el Estado tiene que decidir dónde gasta y este será el gasto más importante en el período de Alberto Fernández. Más que infraestructura.

No hay ni siquiera prueba empírica de que se vaya a aliviar la morosidad de la justicia. Y si hay un lugar donde la gente está pidiendo que se aceleren los trámites es en la justicia que involucra a los ciudadanos, que es la provincial. No sólo en la que investiga a los corruptos.

Cuando le hablas a la gente de la justicia se imagina su propio juicio. En el imaginario no hay diferencia entre lo provincial y lo federal. Encima la mayoría de los ciudadanos del país vamos a pagarle a jueces de Comodoro Py.

-El proyecto también contempla el traspaso de la justicia ordinaria penal a la Ciudad.

-Si y como buena provinciana siempre pelee para que la Ciudad pague su policía y sus jueces.

-Pero insisto: en los registros quedará que se opuso.

-Te vuelvo a decir: esto es una pata más de todo lo que implica avasallar la justicia. Establecen la forma de cómo diluir lo que está actualmente y cómo subrogar a los juzgados que determinen. Es toda una estrategia que es mucho más que un caso puntual. ¡No podemos mirar la ley asilada! Los mismos expositores trajeron que la verdadera reforma es la que se discute en el consejo consultivo. Pretender aislarlo es separar el problema.

-¿Qué opina de la cláusula para comunicar presiones de los medios ante la Magistratura que agregó Oscar Parrilli?

-Que es para limitar el periodismo de investigación. Preocuparlo o asustarlo.

- ¿Promueve la auto censura?

-No está muy clara. Si los jueces que combaten delitos como el narcotráfico se sienten presionados por una nota periodística, no pueden ser jueces. ¿Y qué sería un intento de influencia de la prensa? ¿Una investigación? Tampoco está claro porqué se tendría que comunicar al Consejo de la Magistratura.

-Parrilli dice que es porque no se trata de una denuncia, sino de una advertencia.

-No fue claro. Siempre que habló en las comisiones mencionó el tema de la coacción a los jueces en los medios para fallar en uno u otro sentido, como juzgándolos de vulnerables. Pero con esta cláusula no se entiende bien cómo una protección a los jueces de los medios, sino más bien como una amenaza. Por eso el periodismo de investigación está con preocupación.

-¿Cree que finalmente los diputados de Córdoba cercanos al gobernador Juan Schiaretti van a permitir la sanción de la ley?

-Dijeron que no iban a votarla, pero no que no vayan a dar quórum, que es lo que deberían hacer. La mayoría de los cordobeses están en contra de la ley. Hay asociaciones civiles de todo tipo que se han comunicado con ellos y les piden que no ayuden a sancionarla. El clamor es muy fuerte.