Oscar Parrilli defendió el artículo de la reforma judicial que permitirá a los jueces alertar sobre supuestas presiones de los medios de comunicación para sus fallos y consideró que Cambiemos no quiere la reforma judicial para controlar Comodoro Py.

"Ellos quieren impunidad para Macri y para sus funcionarios y la logran con (el juez Julián) Ercolini, (el fiscal Carlos) Stornelli y (el juez Martín) Irurzun. No quieren que haya 46 jueces por sorteo manual, transparente y que los investigue cualquier juez", dijo el senador a radio La Red.

"Queremos que la gente analice, piense y que vea que hay presión mediática. Sacar del oscurantismo. Pero esto no afecta la libertad de expresión. Pueden seguir diciendo lo que quieran. Ni siquiera es una denuncia". 

Como explicó LPO, el dictamen de la reforma judicial incorporó al protocolo de actuación de los jueces la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura si reciben "intentos de influencia en sus fallos" de influencias de grupos "mediáticos". 

Parrilli incorporó en la reforma la obligación de los jueces de denunciar "presiones" de los medios 

El proyecto original sólo limitaba las posibles presiones a grupos de poderes políticos, económicos, judiciales, legislativos o del Poder Ejecutivo, pero Parrilli pidió sumar a los medios y la oposición no tardó en denunciar posibles restricciones a la libertad de expresión.

"La cláusula Parrilli que se incorporó a la Reforma Judicial es inconstitucional y viola el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso vamos a ampliar la denuncia que hicimos ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA", advirtió temprano el diputado radical Luis Petri.

"Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión. Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explica. Entonces una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenes denuncias en tu contra. AUTOCENSURA. Eso debemos evitar", siguió su compañera de bloque Karina Banfi.

Parrilli se defendió. "No dice denuncia: sino que los jueces deben informar cuando reciben presiones de los poderes políticos, económicos y le agregamos mediáticos. No tiene pena y ni siquiera es delito. Queremos sacarle el velo. Hay amenazas a los jueces con mandarle a agredir a los hijos", enumeró.

El senador había propuesto esta incorporación en el primer plenario de comisiones, cuando expuso la ministra de Justicia Marcela Losardo, a quien en el kirchnerismo acusan de no ponerle el cuerpo a la reforma. Se mantuvo en contacto con los legisladores el fin de semana para negociar cambios al proyecto original, pero no volvió a hablar tras su primera exposición. 

Los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Daniel Sabsay habían anticipado su rechazo a ese artículo y el primero de ellos, que integra el comité de expertos que debate la otra reforma judicial, ratificó su posición en una columna a Clarín.

"La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos receptada por la Corte Suprema de Justicia es clara y precisa en la protección convencional deparada a la libertad de expresión y de información".

"Lo 'mediático'  en el campo de la cuarta revolución industrial y las comunicaciones digitales sin audiencias fijas ni productores de contenidos unívocos se torna obsoleto, pero a la vez, problemático en cuanto habilitaría cualquier denuncia por parte de un juez o jueza respecto de los contenidos producidos en las redes sociales o en otros entramados de la digitalidad", señalo.