Ginés González García recibió este jueves al presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal) Daniel Funes de la Rioja y le anticipó que avanzará con una ley de etiquetado frontal, que obliga a informar los ingredientes de los productos ofrecidos en las góndolas. 

Se trata de una norma prometida por Mauricio Macri que nunca empezó a debatirse en el Congreso, pese a que hasta hubo un informe de su ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein que fundamentaba la necesidad de aclarar a los consumidores lo que compran.

De hecho, en el proyecto original de reforma tributaria de 2017 se justificaron las subas de las alícuotas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero los gobernadores no aceptaron subir el costo fiscal de las industrias de las azúcares y mucho menos de las bebidas alcohólicas, que podían golpear sus economías regionales. 

"No puede ser que el mismo producto se venda en Argentina de una manera y en otro país te digan lo que realmente contiene".

Ginés no iría tan lejos y avanzaría con la ley de etiquetado, una promesa incumplida de todos los gobiernos. "La idea es trabajar conjuntamente y con la participación de la COPAL para establecer reglas, no sólo para la salud sanitaria, sino también para las adecuaciones de los que son hoy reglamentaciones internacionales. Lo que suceda desde el Estado queremos que tenga la unanimidad respecto a lo que pretendemos y con el gradualismo que significa la adecuación a las nuevas normas", anunció.

Fuentes gubernamentales y legislativas confirmaron a LPO que será uno de los próximos debates que llegue a las comisiones de Salud con un proyecto que enviarían desde el Ejecutivo y confían en consensuar con Cambiemos, porque hay iniciativas similares de las diputadas Gisela Scaglia (PRO) y Brenda Austin (UCR).

El desafío, dicen en el oficialismo, es evitar que el lobby de las alimenticias vuelva a colarse por el Congreso, aunque por tratarse de una norma que no aplica impuestos directos tendría una fuerza menor que hace tres años. 

El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein y la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Maureen Birmingham.

Los datos de Salud son preocupantes. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) indicó que por cada niño menor de cinco años con desnutrición aguda hay 8,5 con exceso de peso; y en los de edad escolar, la prevalencia alcanza al 41%. Entre los adultos, más del 60% sufre obesidad, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo (ENFR).

En mayo de 2019 en un encuentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Rubinstein anunció que avanzaría en modelos de etiquetados como los de Uruguay, Chile, México y Perú; a partir de un acuerdo entre la entonces Secretaría de Producción y la de Comercio Interior. Pero el año electoral no permitió los debates parlamentarios. 

Los datos de Salud son preocupantes: por cada niño menor de cinco años con desnutrición aguda hay 8,5 con exceso de peso y en los de edad escolar, la prevalencia alcanza al 41%. Entre los adultos, más del 60% sufre obesidad.

Como Argentina mantiene leyes viejas las empresas sólo deben etiquetar sin información errónea pero no necesitan precisar los ingredientes de sus productos. El informe de Rubinstein lo adjudica como una de las causas de "la elevada ingesta de determinados nutrientes, sumada a hábitos alimenticios inadecuados, falta de actividad física, sedentarismo y otros factores", motivos de un mayor riesgo "de padecer alguna de las enfermedades crónicas no trasmisibles -ECNT- (sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras)".

El proyecto de Austin, presentado en marzo, establece "la obligatoriedad de declarar el contenido cuantitativo de azúcares en la Declaración de Valor Energético y Nutrientes de todo alimento envasado destinado al consumo humano". La etiquetas deberían contener la "composición final el contenido de azúcares, grasas saturadas y/o sodio exceda los valores establecidos, debe contar con etiquetado de advertencia en el rotulado del envase".

"Aspiramos a que las decisiones que se tomen en la post-pandemia estén orientadas por una recuperación saludable que ponga el acento, entre otros aspectos, en la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Un paso clave para ello comienza por contar con información clara y eficaz que nos permita conocer qué consumimos, de manera de priorizar un abordaje preventivo de las enfermedades y dirigir esfuerzos a construir entornos y hábitos alimentarios nutritivos, conscientes y sostenibles", sostuvo la radical cordobesa.

La iniciativa de Scaglia obliga a una etiqueta adicional a "aquellos alimentos o sustancias aptas para consumo humano, que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo contengan en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que determine la Autoridad de Aplicación".

"No puede ser que el mismo producto se venda en Argentina de una manera y en otro país te digan lo que realmente contiene. En nuestro país ignoramos la cantidad de sal, grasas o azucares que traen nuestros alimentos. Una ley de etiquetado significa tener de manera mas clara y accesible la información de los alimentos que compramos y consumimos", explicó. Pronto podrá dar el debate.