El Senado volverá a sesionar este jueves para sancionar la ley de teletrabajo y aprobar el canje de deuda bajo legislación local, además de darle ingreso a pliegos militares y diplomáticos para que se le preste acuerdo en las próximas semanas.

Es uno de los trámites legislativos más demorados porque en el primer protocolo de sesiones remotas, que venció el 4 de julio, sólo podían tratarse leyes vinculas al Covid 19 y los acuerdos no lo son. En la renovación de la semana pasada quedaron los temarios abiertos a todos los asuntos y podrían organizarse las primeras audiencias de la Comisión de Acuerdos, presidida por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Por lo pronto, la mayoría oficialista del Senado sancionará la ley de teletrabajo tal como fue aprobada en Diputados, como decidió la última reunión de la Comisión de Trabajo, pese al reclamo de varios oficialistas por hacer retoques. 

Por pedido de Moroni, los senadores apuran la ley de teletrabajo aprobada en Diputados

La ley considera el teletrabajo una modalidad laboral, que luego debe adaptar cada convenio colectivo; obliga a los empleadores a respetar las jornadas y los salarios acordados, facilitar conectividad y computadoras en sus domicilios, respetar los horarios necesarios para cuidados familiares y preparar una oficina por si un empleado no puede seguir trabajando en su casa. Se lo denomina "principio de reversivilidad" y es uno de los mayores cuestionamientos de las cámaras empresarias.

Las ley de canje de deuda local, intenta igualar la oferta de los bonitas que compraron títulos con legislación local a la presentada en Wall Street, con el objetivo, en ambos casos, de estirar los vencimientos para poder pagarlos. 

Se trata de 41 mil millones de dólares, 33.159 millones por bonar, bono dual, bontes y letras pagaderas en dólares, como LETES; y otros denominadas en dólares que liquidan pesos (Lelinks). Y otros USD 8.555 millones por discount y par, ambos a pagar en moneda estadounidense.

Los tenedores recibirán por intereses devengados y no pagados bonos al 1% a 2030 y títulos adicionales de BONCER 2026 y 2028, para la opción denominada en pesos. Para incentivar el ingreso, se reconocerá el interés devengado de cada título elegible desde la fecha del último pago al 4 de septiembre. Si se canjean después, se computará sólo hasta el último 6 de abril.

El plan es siempre el mismo: estirar los vencimientos para aliviar la carga de intereses durante el Gobierno de Alberto Fernández, imposible de cumplir según sus cálculos. Sólo con la deuda en dólares bajo ley local hay compromisos por 32400 millones de dólares hasta 2024 y con el canje esperan bajarlo a 2152. 

El senador radical Martín Lousteau reclamó en la comisión contemplar la posibilidad de que se mejore la oferta con los acreedores externos y haya que hacer lo propio con los que compraron bonos en Buenos Aires. Por ahora, no lo escucharon.