El juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva a Guillermo Dietrich por supuesta "administración fraudulenta" en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, que habría beneficiado a una empresa ligada a la familia Macri.

El ex ministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri se suma así a Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, que fueron procesados la semana pasada en esta causa.

Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas. El juez, que lo embargó por 500 millones de pesos, lo acusa de haber actuado "direccionando toda negociación y contratación".  "El encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado", sostuvo.

Procesaron a Iguacel y Saravia Frías por las irregularidades en los peajes

La noticia del procesamiento de Dietrich se conoció en momentos en que el magistrado tomaba declaración indagatoria al ex ministro de Economía macrista, Nicolás Dujovne, otro de los acusados. Se espera que Canicoba también procese al economista.

"Los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo", afirma la resolución de Canicoba.

Este lunes además la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente de la causa, al rechazar recusaciones presentadas por Iguacel y Saravia Frías, quienes habían pedido apartar al magistrado por temor de parcialidad a raíz de las declaraciones públicas que hizo cuando anunció su renuncia al cargo, que se efectivizará el miércoles próximo. Es que mientras avanzaba con los procesamientos, el juez denunció en los medios que fue perseguido por el gobierno de Macri. 

Télam

En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos del Acceso Norte y Acceso Oeste, en el marco del cual los ex funcionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Canicoba remarcó que, en este caso, debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.