En sólo 45 minutos el kirchnerismo diseñó un ataque planificado para acorralar al procurador interino Eduardo Casal, que incluye pedidos de juicio político y rendición de cuentas sobre gastos, nombramientos y presunta protección a fiscales denunciados como Carlos Stornelli. 

Fue en la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, presidida por el senador oficialista Martín Doñate, la misma que en 2017 eligió el macrismo para investigar a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y empujó su renuncia después de la derrota de Cristina Kirchner en las legislativas de ese año.

Casal la reemplazó y sigue firme en su cargo porque ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron conseguir dos tercios del Senado para nombrar un procurador. El presidente lo intentó con Daniel Rafecas, pero aceptó que no le dan las cuentas tras la unidad de la oposición y recién volverá a intentarlo cuando pase la pandemia. 

El jefe de los fiscales sólo deja el cargo si renuncia o es sometido a un juicio político, que requiere dos tercios de ambas Cámaras del Congreso.  Cambiemos tiene número para impedirlo, pero antes deberá diseñar una defensa sólida para lo que se viene en los próximos 10 días, plazo que le dieron las legisladoras del kirchnerismo a Casal para acercar documentación sobre su tarea en estos años. 

La diputada Vanesa Siley reclamó la nómina de magistrados sometidos a régimen disciplinario. "Notamos que hubo casos en donde se aplicó un sumario y otros un enjuiciamiento. Necesitamos conocimiento completo", evaluó.

El más relevante es el de Stornelli, con un proceso iniciado por quedar implicado en la causa que investiga una red de espionaje ilegal liderada por el abogado detenido Marcelo D'Alessio. El fiscal se negó cinco veces a declarar ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y Casal, hace un año, justificó no haber iniciado un juicio político. 

Mariano Recalde con Martín Doñate. 

LPO /Juan Carlos Casas

La senadora María de los Ángeles Sacnun le requirió la información presupuestaria de 2018 y 2019 ante un aumento de gastos muy por encima del Ministerio Público de la Defensa. Consideró "inconsistentes" sus informes y reclamó una revisión a la Auditoria General de la Nación (AGN), cuyos dictámenes son revisados por la bicameral mixta revisora de cuentas, controlada por el Frente de Todos.  

La senadora Ana Almirón solicitó saber, también en 10 días, los nombramientos de fiscales y subrogantes en la procuración, con el detalle de qué criterio usó Casal para cubrir cada vacante. La mayoría oficialista fue aprobando de a una las mociones. 

Casal reconoció que no quiso iniciar un jury contra Stornelli por negarse a declarar

La última, de Sacnun, fue para recibir, de a dos, a las 18 organizaciones que solicitaron iniciar un juicio político a Casal por motivos varios, como supuesto exceso de atribuciones al definir un protocolo contra el terrorismo, su actuación ante el proceso de Stornelli, traslados de fiscales y subrogancias. Pronto serán citadas. 

La única voz opositora fue la de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, que al menos pidió leer las notas. El diputado de la UCR Emiliano Yacobitti fue elegido vicepresidente de la Comisión. Pero ni habló.