Alberto Fernández definió este miércoles enviar una moratoria al Congreso para que se trate cuando se reanuden las sesiones, que abarcaría a empresas de todos los tamaños.

"La idea es que puedan empezar a producir, cuidando el empleo. Entendiendo las consecuencias de la pandemia, esta herramienta es fundamental para que las empresas y los comerciantes puedan continuar sus emprendimientos productivos", informaron desde la Casa Rosada después de la reunión de Gabinete económico que se llevó a cabo en la quinta de Olivos.

También se estudian líneas de crédito para que las empresas puedan tener acceso a capital de trabajo y retomar los niveles de producción a medida que la demanda se vaya recuperando.

Alberto estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, su vice Cecilia Todesca; el ministro de Hacienda Martín Guzmán, el de Trabajo Claudio Moroni; el de Desarrollo Productivo Matías Kulfas; el presidente del Banco Central Miguel Pesce y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. 

La moratoria ya había sido adelantada por Sergio Massa en la reunión con los jefes de los bloques legislativos del martes, donde prometió que llegaría con una ampliación presupuestaria, un gesto para no seguir creando partidas por decreto. 

Alberto amplia por ley el presupuesto para acercase a la oposición

Uno de los presentes fue Álvaro González, del PRO, quien por la mañana anticipó que la condonación fiscal sería por un total de 750 mil millones de pesos, durante su participación en la comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el radical Luis Pastori, quien anticipó que pediría que citaría a Marcó del Pont y a la titular de Anses Fernanda Raverta.

En Olivos Moroni informó que 240 mil empresas se anotaron en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que les permite recibir fondos para pagar la mitad de los salarios de sus empleados. Representan 2.300.000 trabajadores, pero quedaron sujetos a la aprobación de los criterios sectoriales y de facturación.

También evaluaron prorrogar 60 días los precios máximos con acomodamientos lógicos que tienen que ver con costos de materias primas y evaluaron el rediseño de las herramientas de "sostén económico y social" para después del aislamiento. 

Los funcionarios evaluaron sectores críticos que ven su nivel de actividad muy afectado (turismo entretenimiento, industrias culturales), y se comenzaron a definir herramientas "flexibles que permitan atender las heterogeneidades que se presentan según el sector, el tamaño de la empresa, como la actividad específica", señalaron en el Gobierno. 

Y analizaron las transferencias y ayudas giradas a las provincias, porque los niveles de recaudación, tanto de las provincias como de la Nación, se derrumbaron por la pandemia. "Necesitamos recuperar la producción y el consumo cuanto antes", repetían.