Cambiemos ratificó este viernes que no apoyará la ley enviada por Alberto Fernández para congelar hasta fin de año la movilidad jubilatoria y delegarle los futuros aumentos: temprano, el diputado radical Luis Petri presentó un proyecto para restablecer la fórmula de actualización sancionada en 2017, rechazada por el kirchnerismo con protestas en las calles. 

Combina un 30% los salarios y un 70% el índice de precios al consumidor, fuera de control con la pandemia. Tanto, que haberla aplicado hubiera significado un gasto extra de $34.000 millones.  "Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es un ajuste fiscal, liso y llano, que recae e impacta sobre sus haberes", sostuvo el mendocino en su proyecto.

 Al Gobierno le interesaba ajustar los aumentos a variación de salarios y de recaudación de Anses, como la vieja indexación que rigió desde 2008, pero son valores que están en caída libre y sólo reducirían los haberes previsionales. Hasta que pase el covid 19, prefiere definir otros dos aumentos en septiembre y diciembre. 

El Gobierno envió una ley para congelar hasta fin de año la movilidad jubilatoria 

Los legisladores de Cambiemos habían anticipado que pedirían la fórmula vigente hasta el año pasado durante la bicameral encargada de definir un cálculo de movilidad, pero aún así Alberto envió a Diputados el proyecto para suspenderla hasta 2021. 

Lo espera una negociación ardua. El Frente de Todos no tiene mayoría propia pero puede conseguirla con los dos bloques chicos, aun cuando algunos de sus miembros se prestaron a la sesión especial convocada por Cambiemos para derogar los superpoderes de Santiago Cafiero para reasignar partidas.

No tuvieron quórum, porque los partidos provinciales se mantuvieron como firmes aliados del oficialismo. Claro que negociar votos para congelar jubilaciones siempre es una tarea muy costosa para los gobiernos de turno.

Además, el jueves quedó claro que en el Senado el oficialismo tiene mayoría propia pero no dos tercios para acelerar un debate y en esa Cámara hace falta una semana entre la fecha del dictamen y su tratamiento en el recinto.

Los tiempos están muy justos: si el 20 de junio no hay una ley sancionada volvería a regir la fórmula de 2017, como pide Cambiemos. Hasta la tarde de este viernes no estaba confirmada la convocatoria a las comisiones de Diputados y algunos referentes el oficialismo creían que Alberto no tendrá otra chance que firmar un DNU, al menos en carácter provisorio.