A través del decreto 135/2020 firmado por el gobernador Omar Perotti y su ministro de Economía, Walter Agosto, se dispone la revisión integral de la deuda con los proveedores del Estado hasta el último día del año pasado.

A casi tres meses de la nueva gestión, el mandatario provincial dispuso por decreto la cesación de pagos y la facultad de revisar cada una de las deudas con el Estado a través de un engorroso mecanismo administrativo para después ofrecer una reprogramación de cancelación especial que contempla plazos mensuales, anuales y hasta plurianuales, según se advierte en el documento adjunto.

En la normativa, se obliga a quienes reclamen deudas con distintas áreas estatales a presentar la documentación que avale la misma para que sea revisada por las nuevas autoridades con la facultad de redefinir montos y formas de pago a través de un cronograma especial.

Si bien el decreto está fechado el 21 de febrero, el texto empezó a circular en la tarde del viernes generando sorpresa tanto en la oposición como en el empresariado aunque distintas fuentes consultadas por este portal prefirieron no hacer declaraciones hasta comprender los alcances de la medida.

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Fuentes del socialismo, que pidieron reserva de sus nombres, consideraron a LPO que la norma "supone una absoluta discrecionalidad en la forma de pago de facturas legítimas", dado que se revisarán acreencias con certificaciones aprobadas en su momento.

 El decreto supone una absoluta discrecionalidad en la forma de pago de facturas legítimas 

Por otro lado, afirmaron que la medida "desconoce la Teoría de la Continuidad Jurídica del Estado", uno de los principios fundamentales del Derecho Público Internacional por el cual un gobierno no puede desconocer las obligaciones suscritas por su predecesor.

De esta manera, el Ejecutivo busca ganar tiempo aplazando las obligaciones a través de un complejo mecanismo administrativo contemplado en la misma norma explica (ver abajo) pero también presionar a la Legislatura para que apruebe en lo inmediato el paquete de emergencia cuyo tratamiento se viene dilatando por desacuerdos políticos con la oposición.

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De hecho, el decreto comenzó a circular luego que se conociera una reunión entre la UOCRA y legisladores del Frente Progresista, encabezados por el ahora diputado Maximiliano Pullaro, con el fin de interiorizarse sobre la situación de los puestos de trabajos perdidos por la paralización de la obra pública.

El secretario gremial de Rosario, Sixto Irrazabal, explicó a los legisladores que hay más de cinco mil empleos parados en la construcción por la suspensión de las obras desde el 10 de diciembre. En diálogo con LPO, el dirigente sugirió que desde el gobierno le pidieron que presionen para que la emergencia salga.

Sin embargo, advirtieron que en el proyecto elevado por el ejecutivo no se especifican las obras proyectadas para el año aunque solicita poder modificar el destino de partidas del presupuesto y la posibilidad de endeudamiento externo para afrontar la crisis que desde el Frente Progresista sostienen que no es tal.

 Hay una clara maniobra por parte del Gobierno de ocultar las cuentas para justificar una realidad que no es tal 

"Hay una clara maniobra por parte del Gobierno de ocultar las cuentas para justificar una realidad que no es tal. El Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) se incrementa mes a mes y es un dinero que esta gestión tiene a mano para atender los asuntos de la provincia", sostuvo Pullaro y agregó:

"A eso debemos sumarle los millones que ingresan de manera mensual a la EPE y si tenemos en cuenta que tiene todos los gastos congelados o suspendidos, llegamos a la conclusión de que la crisis no es tan real como nos quieren hacer creer. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, por cada peso que la provincia debe le ingresan 4" y calculan que el pasivo no supera el 2 por ciento del presupuesto provincial.

Reunión de legisladores del Frente Progresista con dirigentes de UOCRA 

Como sea, el decreto que firmó Perotti puso en tensión la discusión por la emergencia que ya venía embarrada por las declaraciones del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, a quien le achacan, no solo desde la oposición, perjudicar el avance de las negociaciones con expresiones poco oportunas.

Sin embargo, los efectos de la revisión de las deudas impactarán en las empresas contratistas, muchas de las cuales ya están comprometidas por la falta de cobro de facturas del año pasado. Una de las ramas más golpeadas son las constructoras ligadas a la obra pública de las cuales algunas están en situación desesperante y podrían terminar bajando persianas si se insiste en la medida.

En el sector sospechan que detrás de la norma se esconde la figura de Horacio Miró, un reconocido empresario de la obra pública que estuvo muy cerca de De la Sota y fue uno de los principales financistas de la campaña de Perotti.

El trámite

A partir del decreto firmado por el gobernador de Santa Fe, que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, se dispone un engorroso mecanismo por el cual quienes reclaman deudas a la provincia deberán presentar nuevamente la documentación que los respalda.

En la norma se explica que el expediente deberá ingresar por mesa de entrada de las distintas áreas estatales con toda la documentación que respalde y justifique la acreencia aunque ya cuente con certificación previa y el plazo para iniciar el trámite es hasta el 31 de marzo.

Una vez aceptada la "solicitud de verificación" cada repartición tendrá 30 días para pasar el expediente a Haciendo donde se evaluará y definirá "la admisibilidad y procedencia de la petición", indica en el artículo 4-d.

Dentro de los siguientes 30 días, los proveedores deberán presentar formulario de aceptación de las condiciones y "renuncia expresa para ejercer cualquier reclamo vía administrativa o judicial" y recién el 30 de junio se formalizaría el monto (determinado por el Ejecutivo) y la forma de cancelación a través de la confección de un cronograma mensual, anual y plurianual de los pagos.