Cristina Kirchner se apartó de un proyecto de ley presentado por senadoras oficialistas que anula las prisiones preventivas ante una serie de situaciones como que el contenido de las causas se difunda en los medios de comunicación y se arriesgue el principio de inocencia. 

"De ninguna manera fue impulsado por Cristina. Es un proyecto presentado por senadoras que no tienen que pedir permiso", aseguraron desde temprano sus voceros, ante la repercusión que había generado la difusión en el diario Clarín de la iniciativa de ley presentada el 20 de diciembre.

Los voceros del frente de Todos del Senado también aclararon que de ninguna manera estaba en agenda este proyecto y lo habían conocido leyendo el diario. 

Además de Catalfamo, que se sumó al oficialismo en esos días, lo firmaron cuatro senadoras que integraron el bloque de Cristina hasta diciembre y ahora tienen voz y voto en el frente de Todos: Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara.

El proyecto busca evitar los excesos en las prisiones preventivas, que pueden aplicarse ante riesgo de fuga o entorpecimiento de las causas y en los últimos años hubo muchos jueces que vieron esas situaciones en la mayoría de los casos por corrupción.

El proyecto habilita a pedir la nulidad de una prisión preventiva si los medios afectan la percepción pública del principio de inocencia. Lo presentó una senadora de San Luis que se sumó al PJ. Cristina aseguran no haber participado de la redacción. 

Cristina y Alberto Fernández denuncian desde la campaña un abuso de estas encarcelaciones y con esta ley quedarían bien restringidas, porque podrían anularse ante nueve situaciones. De hecho, el presidente publicó un video esta manaña para ampliar su postura. 

La primera es si no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio y la segunda es la más polémica, porque liberaría a un detenido si además de no tener sentencia firme su caso se publique en los medios de comunicación masiva y "pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución". 

La puntana María Eugenia Catalfamo.

LPO / Juan Carlos Casas.

"La norma deslegitima y limita el rol del periodismo de investigación. Vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura", protestó la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA).

Catalfamo no habló pero en su entorno se preocuparon por desligar a Cristina de su iniciativa, aun cuando su contenido pareciera atacar lo que la vicepresidenta denomina "Lawfare", una persecución judicial con la complicidad de medios de comunicación.

Los otros casos en los que se eliminaría la presión preventiva serían "incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso"; "abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva", y "deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido".

También si hay "deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones y/o direccionamiento en los sorteos de jueces" y si existe "intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

Y si existe "intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal" o "inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política".

Los planteos de nulidad podrían hacerlo los afectados y el Ministerio Publico Fiscal "de oficio" o por solicitud de "cualquier tercero con interés legítimo, salvo oposición expresa del imputado". Por ahora, el proyecto no está en agenda. Pero tendrá estado parlamentario al menos dos años.