No fue un viernes sencillo en el gobierno de Axel Kicillof, aunque los funcionarios hicieron todo el esfuerzo para demostrar que la negativa de los bonistas a aceptar un diferimiento del pago del bono BP21 no era algo como para preocuparse.

El Gobernador necesitaba que al menos un 75% de los acreedores acepten su propuesta de aplazar a mayo el pago de u$s 250 millones de capital. Sin embargo, sin una respuesta positiva, el gobierno volvió a extender el plazo hasta el lunes.

Ahora, Kicillof entra en su deadline más riesgoso. Si el lunes no obtiene una respuesta positiva por parte de los bonistas le quedarán apenas 48 horas para buscar una salida a una estrategia de negociación diseñada por su propio equipo económico.

Kicillof no logró el 75% de adhesión de los bonistas y vuelve a extender el plazo hasta el lunes

Hombre propenso a no disimular sus emociones, el Gobernador evitó aparecer en un acto en la Casa de Gobierno en el que el ministro de Producción, Augusto Costa, presentó a todo su gabinete.

Durante varios minutos, Costa esperó en el Salón Dorado -junto a unas 100 personas- que llegara Kicillof. Los agentes de seguridad limitaron la circulación en el pasillo que une el despacho del mandatario con ese salón de estilo barroco. Sin embargo, el Gobernador decidió quedarse en su despacho y al ministro no le quedó otro camino que encabezar la presentación acompañado por el jefe de Ministros, Carlos Bianco.

En el ministerio de Hacienda también sintieron el impacto. LPO intentó comunicarse durante toda la tarde con voceros de Pablo López, pero no atendieron las llamadas. Sobre la tarde aceptaron responder preguntas solo por chat. Con formalidad extrema apenas respondieron lo obvio: que las conversaciones con los acreedores continúan. Y que "la extensión de plazo es para convencer a los bonistas de que acepten la propuesta de la provincia para evitar el default".

Carlos Bianco, Augusto Costa, Lorena Riesgo y Ezequiel Grimson en la presentación del gabinete productivo.

Aglaplata

Los días pasan y el margen de maniobra cada vez es menor, casi mínimo. El gobierno seguirá negociando durante el fin de semana y si el lunes no llega una respuesta positiva por parte de los acreedores, Kicillof podrá esperar 48 horas más para continuar la negociación. El plazo final es el 5 de febrero a las 13.

En las próximas horas podría haber otro intento para seducir a los acreedores. Kicillof debería mejorar la propuesta que hizo esta semana de pagar anticipadamente los intereses que generaría el aplazamiento del pago al 1 de mayo, unos US$ 7 millones. Una opción que circula es la posibilidad de pagar una parte del capital ahora y postergar el resto.

El dilema de Guzmán: rescatar a Buenos Aires o negociar bajo default

Pero, si no llega a convencer al 75% de los acreedores, el Gobernador podría cancelar los u$s 250 millones con fondos propios. Es que, si bien Kicillof y sus ministros sostienen que no cuentan con los fondos para hacer frente al vencimiento, la oposición viene expresando lo contrario.

Desde Cambiemos afirman que la deuda de la provincia no es alta y que es financiable en situación normal de mercados. En comparación con la deuda que debe negociar Guzmán, explican que en la deuda provincial implica el 7% del Producto Bruto Geográfico (PBG), mientras que en Nación la deuda supone el 87% del PBI. Otro dato: en provincia la deuda es de 650 dólares por habitante, mientras que en Nación es de 7.000 dólares por habitante.

Desde Cambiemos ven tres caminos para hacer frente a los pagos en caso de que los bonistas no acepten la propuesta de Kicillof: uno es emitir nuevas Letras del Tesoro, incluso por encima del stock vigente. Esto estaría avalado por la ley de emergencia que aprobó la Legislatura bonaerense.

Otro camino es usar el artículo 9 del Banco Provincia para recibir adelantos de la banca estatal pública de la provincia. Y la tercera es pedir adelantos de coparticipación a la Nación.

De lo contrario, si no los acreedores no aceptan la propuesta y el Gobernador decide no afrontar los pagos las calificadoras de riesgo colocarán a la provincia en default.

En ese caso se abren escenarios complejos. Uno de ellos es la posibilidad de litigio judicial. Eso se haría en tribunales de Nueva York, porque el bono BP21 está atado a legislación extranjera.

El segundo, no menos complejo, es lo que se denomina ‘aceleración de la deuda'. Esto implica que los bonistas podrían exigir el total de la deuda, que es de u$s 750 millones, aunque aún no haya vencido.

Pero incluso, a ese mismo recurso podrían apelar el total de los tenedores de la deuda bonaerense nominada en moneda extranjera, que alcanza unos u$s 7 mil millones. Pero no es sencillo, para reclamar esta herramienta los bonistas tienen que agruparse en un 25%.