Al final de su última y extensísima entrevista con C5N, Alberto Fernández sorprendió con un anuncio sobre el futuro de las telecomunicaciones, un tema clave para el desarrollo económico y del que suele hablar poco y nada. 

"Tenemos que ampliar el mercado de distribución de imágenes, que el mundo lo ha abierto a las telefónicas y Argentina inexplicablemente lo preservó a favor de uno. Lo vengo diciendo desde 2004", se jactó, en clara alusión la fusión entre Telecom y Cablevisión, la empresa del Grupo Clarín.

En el sector no salen del asombro, porque a partir de un decreto de Mauricio Macri desde hace dos años las telefónicas están habilitadas a distribuir contenidos audiovisuales y los ofrecen a diario. Sólo no pueden ofrecer televisión satelital y hubo un intento fallido de habilitarlos por ley en 2018.

Telefónica tiene Movistar TV que despliega por fibra óptica, una tecnología en la que hasta ese entonces había invertido poco y nada y permite un servicio mucho más eficiente. También cuenta con Movistar play un servicio de OTT, como se conoce a los contenidos que llegan por internet sin distribuidores. Claro, la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, cuenta con su grilla televisiva y su plan "Claro Video" para los móviles. 

Pero el decreto llegó después que la Enacom habilitara la fusión de Cablevisión y Telecom, la convirtiera en el principal jugador del mercado y le permitiera ofrecer servicios de telefonía celular y fija, internet, televisión, con el monopolio de las transmisiones de fútbol.

En Telefónica entienden que nunca podrán competir en igualdad de condiciones porque se fusionaron empresas expandidas y capaces de ofrecer promociones empaquetadas a precios para acaparar mercados. 

Las telefónicas pueden brindar televisión hace dos años, pero aún así Alberto exigió ampliar las capacidades de oferta. En el sector creen que pudo haber sido un gesto a Slim. Telefónica pide restringir las ofertas agresivas de la fusión Cablevisión-Telecom. 

Reclaman una mayor presencia de la Comisión de Defensa de la Competencia, que durante la gestión de Macri ignoró la mayoría de los planteos sobre las telcos. Pero no todos, porque obligó a la compañía fusionada a desprenderse del 60% de los clientes cordobeses de Arnet, al anterior proveedor de internet de Telecom.        

Algunos referentes del negocio interpretaron que tal vez Alberto le haya enviado un mensaje a Slim, porque Claro habría tenido algunos problemas para ofrecer las señales del Grupo Clarín en su reciente oferta televisiva. Deberá revisar esa y otras denuncias la Enacom, que ahora está conducida por el ex vocero Claudio Ambrosini, cercano a Sergio Massa.

La empresa del Grupo Clarín no teme represalias. "La industria históricamente ha venido trabajando con los organismos regulatorios para asegurar el desarrollo del sector, brindar a los argentinos productos y servicios de alto nivel y continuar impulsando la transformación digital del país. Confiamos seguir haciéndolo con este Gobierno", se esperanzaron, ante una consulta de LPO.

Slim siempre tuvo buena relación con el kirchnerismo y fue uno de los empresarios que recibió a Alberto en México, en la visita que hizo poco antes de asumir la presidencia.

"Ha sido en Argentina un jugador real, alguien que efectivamente invirtió, mejoró su tecnología, la competencia. Fue una buena charla, estuvimos una hora hablando, cambiando opiniones. Tiene mucha información de Argentina", describió aquel encuentro Fernández, en otra entrevista a C5N.

El presidente ya se había reunido con representes de Telefónica en su visita a España en septiembre, pero después de ganar la elección supo que la empresa decidió declarar sus filiales en América Latina como activos prescindibles y los sostendrá mientras no encuentre comprador. 

Sólo seguirá apostando a Brasil y adjudica parte de sus pérdidas en el resto de los países a las obligaciones que sostiene por ser un servicio público de telefonía fija, condición que sólo comparte en el país con Telecom, integrado al holding más poderoso. La mexicana Claro no tiene ese problema y lo aprovechó para consolidar una importante porción del mercado con un managment efectivo que suele tomar por sorpresa a sus competidores. 

Por ahora, Alberto no está apurado en tomar definiciones, aunque se las pidan. Recién esta semana comenzó a comunicarse con las empresas Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), especialidad que no está reflejada en su currículum.

Fue consultor de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y jefe regional de Anses entre 2009 y 2014. Y Alberto lo recuerda como el hijo de Kelly Olmos, aquella secretaria de Asuntos Municipales del primer gobierno de Néstor Kirchner.

En diciembre, para anticiparse al cambio de Gobierno, las tres compañías que controlan las telecomunicaciones armaron una mesa dedicada a definir demandas conjuntas. La principal es la necesidad de una nueva licitación del espectro radioeléctrico con el objetivo de ampliar y mejorar la oferta y no de recaudar plata rápido, como la última de 2014.

"El entonces secretario de Comunicaciones (Norberto Berner) festejó públicamente que había recaudado 2200 millones de dólares en la licitación, sin preocuparse por la calidad del servicio. Y nos dieron mucho espectro sucio", se lamenta el operador de una de las compañías.

Explica que por tratarse de un sector estratégico, la mayoría de los países no cobran los pliegos licitatorios pero son muchos más exigentes con los planes de inversiones. "Es una cosa o la otra. No las dos".

El nuevo espectro sería para completar la oferta de 4G, aunque las compañías ya empezaron a medir sus áreas en función de la futura batalla de 5G, que multiplica por 100 la velocidad y es esencial para el desarrollo de internet de las cosas, tecnología base de la nueva revolución industrial.

El despliegue de este servicio en el mundo está cruzado de denuncias por presunta capacidad de espionaje que tendrían los dueños de las radio bases, como la china Huawei, que domina el mercado europeo y puso un pie en Brasil. Molesto, Donald Trump no tardó en amenazar con represalias comerciales a su hasta entonces socio Jair Bolsonaro.

"Estamos a 4 o 5 años de pensar en el 5G y va a depender mucho de la decisión del Gobierno sobre la implementación estratégica en la economía local, porque es un servicio que requiere una alta inversión y se vende a gran escala. Para un usuario común, será caro", explican desde una de las compañías. ¿Aparecerá otro jugador cuando ese partido sea inevitable?  

Otro consenso es que no hay apuro en nuevas leyes por temor a que los legisladores vuelvan a plantear demandas que dilaten las discusiones. De todos modos, tarde o temprano el presidente deberá enviar una regulación integral del mercado telecomunicaciones, porque ese vacío legal ahuyenta inversores.

Las últimas experiencias legislativas no terminaron bien. Telefónica logró en 2018 que Macri enviara un proyecto de ley para ratificar su autorización a distribuir contenidos, brindar TV satelital y utilizar la infraestructura pasiva del país en sus tendidos de redes. 

Los senadores extendieron hasta dos años el plazo para ofrecer televisión por aire y para Claro y Telefónica la ley perdió sentido. Silvana Giúdice intentó compensarlos con una demora parcial en la oferta de empaquetados de su rival fusionado, pero no alcanzó para contentarlos. Quieren regulaciones comerciales más precisas que les permita competir en igualdad de condiciones. 

Cablevisión-Telecom se defiende además por ser la empresa con mayor cableado en los hogares del país, que es lo que permitirá un desarrollo integral de las telecomunicaciones. "La infraestructura necesaria para que Argentina tenga servicios de telecomunicaciones de primer nivel pasa ineludiblemente por el ancho de banda, que será cada vez mayor, y esto es algo que solo brindan las redes de fibra óptica", protestó durante aquel debate parlamenario Pedro López Matheu, director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios de la compañía. 

La Cámara de Diputados no aprobó la ley corta de telcos por la resistencia de algunas provincias a compartir su infraestructura y a entregarle a los privados las frecuencias que Arsat le arrebató al Grupo Vila y Manzano, porque nunca las había pagado. El Estado tampoco las usó. Todavía las tiene.