Tras la mediación de la Iglesia Católica y representantes de las Naciones Unidas, el gobierno de Lenin Moreno y los indígenas lograron un acuerdo que pone fin a las protestas que sacudieron durante once días a Ecuador y dejaron al menos siete muertos.

"Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!", celebró Moreno.

El acuerdo, anunciado por el coordinador de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, implica la derogación del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la ola de protestas, y la conformación de una comisión que elaborará una nueva norma.

"Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", anunció Peral tras varias horas de diálogo entre las partes en las afueras de Quito.

Lenín Moreno dijo que el acuerdo ha significado "sin duda alguna sacrificio de cada una de las partes porque eso es un acuerdo, el ceder de parte y parte". Afirmó también que no existe "otro principio más maravilloso que la paz" y agradeció a los militares y policías porque sabe de la "sacrificada, esforzada labor que cumplen", porque muchos de ellos están también lesionados.

Sin embargo, más tarde dejo de lado la solemnidad y atacó por las redes sociales a su rival Rafael Correa. Moreno insistió en que detuvo "el golpe correísta", reiterando así la tesis de que el ex presidente estuvo detrás de un intento de derrocarlo. Correa, que vive en Bélgica porque tiene procesos pendientes en a justicia ecuatoriana, negó las acusaciones pero pidió elecciones adelantadas.

Al iniciar el diálogo con los indígenas, Moreno dijo que no fueron "responsables" de los hechos de violencia de los últimos diez días y aseguró que durante las protestas se usaron sistemas que usan las FARC en Colombia y consideró que no es casualidad que en el hecho "están dineros del narcotráfico".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, sostuvo que se debe respetar la Constitución, entre otros aspectos, en el campo de la consulta previa antes de acciones sobre sus territorios. Y, en un resumen del proceso "de lucha y resistencia", enumeró que los indígenas han tenido más de 2.000 heridos, más de mil presos, alrededor de diez asesinados, alrededor de más de cien desaparecidos en el país", así como "tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional".

En esa línea, pidió la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, pues "solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que beneficien verdaderamente al país y al pueblo".