La incertidumbre ante el tratamiento del polémico proyecto de adhesión a la norma nacional llegó a la Cámara Baja en un escenario económico y político complejo, con posturas enfrentadas entre los sectores privados y los gremios.

No es la única postura antinómica: mientras Miguel Lifschitz pidió su implementación a través de la Ministra de la Producción Alicia Ciciliani, otros legisladores frentistas echaron por tierra cualquier posibilidad de apoyo.

La dura puja interna que recorrió los últimos años de la coalición gobernante en Santa Fe se visibilizó durante las últimas horas: el propio Rubén Galassi, ex Ministro de Gobierno durante la gestión de Antonio Bonfatti, enfría la discusión del proyecto en las comisiones.

Entre los aliados, Galassi cuenta con diez de los once legisladores del peronismo, los diputados Carlos Del Frade y los ex socialistas Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani, quienes conformaron el bloque Igualdad y Participación por sus diferencias con Lifschitz.

 sería delegar nuestras facultades al ámbito nacional 

Fue justamente Augsburger quien adelantó que "para la Provincia, aprobar la Ley de ART sería inconstitucional ya que sería una forma de delegar nuestras facultades al ámbito nacional" y también fustigó los argumentos acerca de las supuestas bondades del proyecto. "Este proyecto es infundado porque no defiende a los trabajadores del derecho de poder litigar libremente, es una falacia", alegó.

En la vereda contraria, el PRO santafesino exigió la adhesión de Santa Fe a esta norma en la voz de Federico Angelini: "las empresas santafesinas están perdiendo mucho dinero con esta demora y eso se traduce en menos recursos para inversiones productivas y contratación de nuevo personal. A su vez, los trabajadores se perjudican porque tardan años en cobrar sus resarcimientos, cuando con esta ley podrían hacerlo en pocos meses a través de las comisiones médicas, sin juicios eternos".

 las empresas santafesinas están perdiendo mucho dinero con esta demora 

Si bien trascendió la posibilidad de la presentación en la jornada de hoy de un proyecto sobre tablas por parte del diputado peronista Luis Rubeo (donde se impulsaría el rechazo a la Ley), lo cierto es que esta discusión recién se trasladaría a la nueva conformación de la Cámara de Diputados, ya con la gestión Perotti en marcha.

El único de los diputados provinciales del justicialismo que se mostró de acuerdo con la norma nacional fue Roberto Mirabella, ni más ni menos que uno de los referentes del futuro gobernador y probable Senador Nacional desde el 10 de diciembre.

Ayer, durante la audiencia pública realizada en Santa Fe, los gremios tuvieron su contrapunto con los privados y exigieron el archivo del proyecto. Para José Testoni, referente de la CTA, esta Ley de ART "forma parte de las mismas falacias que hemos padecido los trabajadores durante estos tres años y medio del gobierno de Macri".

A su turno, el titular de la CGT local y secretario general de La Bancaria, Claudio Girardi, criticó la postura del Senado santafesino (que nunca los citó a dialogar acerca del proyecto) y reflexionó acerca del "apuro" con el cual se intenta abordar este debate.

"Sabemos qué intereses están en juego y entendemos que hay un fuerte lobby de grandes empresarios. Pero estamos convencidos que no se trata de los pequeños y medianos, porque ellos están más preocupados por la caída de las ventas y por pagar tarifas y servicios", expresó el referente de Sergio Palazzo en Santa Fe.

Por su parte, desde la Unión Industrial de Santa Fe alegaron fundamentos en defensa de la Ley Nacional y aseguraron que de no contar con una normativa similar a las principales provincias argentinas, implica una menor posibilidad de instalación de empresas en territorio local.

Según su titular, Marcelo Morilla, en los últimos años aumentó la litigiosidad laboral, a la par que la previsión de los costos por posibles juicios son trasladados al consumidor final, castigando aún más el diezmado consumo y la producción.