El gobierno de Neuquén rechazó de plano la resolución del Ministerio de Seguridad que establece que la Gendarmería Nacional será la encargada de la custodia del yacimiento de Vaca Muerta. "Es un avasallamiento", dijeron desde el gabinete de Omar Gutiérrez, donde analizan acciones judiciales.

"Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias", afirmó esta tarde la ministra de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social neuquina, Vanina Merlo.

La funcionaria neuquina argumentó que Nación se atribuyó facultades que "son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta". "Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica", completó.

Además de la crítica pública, la fiscalía de Estado neuquina está analizando la resolución para avanzar en el ámbito judicial. "Extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería", dijo la ministra, lo que da pistas sobre los pasos a seguir del gobierno.

A través de una resolución, el Gobierno nacional dispuso este martes extender la jurisdicción de la Gendarmería al "espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta situada en la Cuenca Neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza" con el objetivo de "garantizar el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad de explotación de hidrocarburos". 

De acuerdo al texto oficial, la Gendarmería estará "a disposición de las autoridades judiciales locales", pero "sólo en lo que respecta a cuestiones que afecten o tuvieren incidencia directa en las condiciones de seguridad imprescindibles para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos". 

La decisión del Gobierno se da después del ataque con drones reivindicado por rebeldes yemeníes contra dos refinerías petroleras en Arabia Saudita. Además, la medida también apunta a evitar que las protestas de gremios petroleros puedan paralizar la actividad en Vaca Muerta: ante la suspensión de alrededor de mil trabajadores del sector, en los últimos días el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se declaró en "estado de alerta y movilización permanente" y facultó a la Comisión Directiva a "tomar todas las medidas gremiales necesarias".

Al respecto, el jefe de los petroleros neuquinos, Guillermo Pereyra, dijo que "es inconcebible que se autorice a una fuerza de seguridad a actuar como si estuviéramos en estado de conmoción interna". "Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante", agregó.

"Si hubiera alguna información sensible que justificara una medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa", dijo el senador. Pereyra agregó que la medida"parece otro escalón más en la improvisación demostrada por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, que no solo no es capaz de cuidar a la población, sino que además toma medidas cercanas al amedrentamiento".