La Cámara Nacional Electoral se metió en la polémica por el nuevo sistema de escrutinio provisorio que se implementará desde las primarias y en una acordada le exigió al Gobierno asegurar que cada fuerza política pueda fiscalizar la carga de datos en tiempo real y acceder a fotocopias de los telegramas. 

Fue después de una reunión de los apoderados de todas los partidos con los dos jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, para debatir sobre las presentaciones que habían realizado exigiendo transparencia en el conteo provisorio de la noche de los comicios.

Para esta elección, el Correo Argentino no trabajará con la española Indra como en las últimas dos décadas y contrató en su reemplazó a la estadounidense Smartmatic, que aportará otro despliegue logístico: escaneará los telegramas desde los colegios al centro de cómputos, sin pasar por la oficina postal de cada pueblo.

Los apoderados de la oposición hicieron llegar varias dudas a la Cámara Electoral, como saber cuál será el control que tendrán los operarios de la empresa de las actas oficiales, que los presidentes de cada mesa deben transcribir para confeccionar los telegramas.

La Cámara Electoral recordó que no existe impedimento para que los fiscales de los partidos accedan a un telegrama en la mesa de votación. Y sostuvo que el escrutinio provisorio no debería hacerlo el Gobierno. 

Las actas son las que luego rigen en el conteo definitivo realizado por la justicia electoral, el único con valor jurídico. Además, quieren tener acceso a la creación del archivo con cada telegrama que se envía a los centros de cómputos para su carga. 

El escrutinio provisorio cedió credibilidad tras las primarias de 2017, cuando la carga de muchas mesas del conurbano tardó en llegar y por esa demora Cristina Kirchner no tuvo los datos esa noche para festejar haber sido la más votada. 

En su acordada, la Cámara Nacional Electoral recordó que ya en otras ocasiones cuestionó que el Poder Ejecutivo organice el escrutinio provisorio siendo parte interesada en el resultado electoral, pero que el Congreso nunca sancionó una ley para quitarle esa misión.

Aún sin facultades para intervenir, aclararon que la legislación le garantiza a los partidos políticos la supervisar de los comicios y por tal razón le ordenó al Correo Argentino y a la Dirección Nacional Electoral "asegurar las instancias de fiscalización del recuento provisional".

Y solicitó además informar "oportuna y adecuadamente a las agrupaciones contendientes y a la justicia nacional electoral acerca de su alcance, el modo de instrumentación y los procedimientos de acreditación".

El punto 2 señala que no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotocopias de la documentación del escrutinio.

 Y requiere un mecanismo de "acreditación previa" para que los fiscales presencien el escaneo y la transmisión de telegramas desde las escuelas de votación para realizar un seguimiento del sistema en tiempo real. 

En el Gobierno le restaron importancia a la advertencia de la Cámara Electoral y recordaron que el resto de esta resolución se  autorizó la fiscalización en el Centro de Transmisión Electoral, aunque, en otro punto, se aclara que desde esos predios "no expedirá fotocopias o impresiones de los archivos de los telegramas de resultados digitalizados y transmitidos".

O sea, los fiscales podrán tomar imágenes de los telegramas en los centros de votación pero si en alguna no tuvieran, no podrán reclamara el telegrama esa noche. 

En otro punto del "instructivo" prohíben "cualquier acción que tienda a retrasar, impedir o suspender el proceso de transmisión de resultados desde los Centros de Transmisión Electoral", una definición ambigua y que puede ser utilizada para desechar reclamos de la oposición. Que, al parecer, llegarán de cualquier modo.