Los directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani enviaron a la bicameral del Congreso encargada de fiscalizarlos un descargo por escrito contra la Corte Suprema de Justicia,  a la que advirtieron sobre un posible conflicto de poderes por haberles pedido a los jueces penales de todo el país que en sus investigaciones se nutran lo menos posibles de escuchas telefónicas interceptadas por los espías.

"Manifestamos una profunda preocupación por la pretensión del máximo tribunal de prescindir de un organismo que lucha contra el crimen organizado y el terrorismo", cerraron el 1 y la 2 del espionaje vernáculo la misiva, que ya está en el despacho de los 14 legisladores que integran la bicameral.

Reaccionaron ante la acordada 17/2019, que instruyó a los magistrados sobre nuevos protocolos para proteger las escuchas judiciales, a cargo de la Corte Suprema a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DaJuDeCo).

La DaJuDeco no pudo mantener en secreto conversaciones sensibles a la opinión pública, como las de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli o las más recientes entre Eduardo Valdés y los ex funcionarios detenidos Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi sobre el "operativo Puf Puf", como llamaban a la investigación sobre espionaje ilegal del juez Alejo Ramos Padilla que acorraló al fiscal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía por negarse cinco veces a declarar.

Arribas y Majdalani admitieron que abrieron bases de la AFI en el Conurbano

La acordada se conoció poco después que se virilizaran esos diálogos, con una clara intención de los supremos de no volver a quedar expuestos por filtraciones incómodas. Para lograrlo, requierieron al Consejo de la Magistratura "un diagnóstico exhaustivo" respecto al "uso restrictivo" que la ley de inteligencia prevé para que los jueces pidan a la AFI escuchar conversaciones.

Intentan así verificar que no exista un abuso de los magistrados con la intención de oír charlas ajenas para otros fines, como el de hacerlas públicas o condicionar a interlocutores no implicados en las causas que instruyen. También le pidieron al Congreso tratar el proyecto de ley presentado por el senador del PJ Rodolfo Urtubey para crear "una cadena de custodia" en las escuchas que le haga más difícil a los jueces ofrecérselas a la prensa. 

Por acordada, la Corte le pidió a los jueces hacer un uso restringido de las escuchas judiciales. Para Arribas y Majdalani fue una intromisión en otro poder del Estado. La bicameral a cargo debe dirimir en el conflicto. 

Hubo dos puntos de la acordada que hicieron mucho ruido en la ex Side: el C le pide a la bicameral certificar que la AFI "no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las solicitadas por los jueces" y el D exhorta a los magistrados a aplicar de forma "restrictiva" la facultad de pedir escuchas, ya limitada en la última reforma de la ley de inteligencia. 

"No se pueden aceptar este tipo de exhortaciones administrativas que, no solamente limitan sino que cercenan las facultades legales de otros poderes, que a  su vez se efectúan sin existir caso o controversia judicial alguna, quedando exclusivamente en el campo del prejuzgamiento", señalaron los jefes del espionaje y recordaron que "el titular del Poder Ejecutivo es el que fija los lineamientos generales de la política de inteligencia nacional".

Consideraron que la acordada "implicaría la privación del Estado de una herramienta de enorme valor con la que cuenta para la lucha eficaz y profesional contra las mafias, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos contra el orden constitucional, la ciber delincuencia y el resto de los delitos federales complejos que atentan contra el desarrollo de la Nación, su seguridad interior y la defensa de los derechos y garantías básicas de sus ciudadanos".

Curioso: cuando Arribas y Majdalani asistieron a la bicameral, cada vez que los interpelaron sobre las escuchas judiciales se desligaron por completo y adujeron una y otra vez que la AFI es sólo un auxiliar más de la justicia. Nunca mencionaron el plan de inteligencia nacional que ahora invocan para exigirle a los legisladores que los protejan frente a los límites impuestos por el máximo tribunal. 

"Corresponde al Congreso mantener el equilibrio que armonice las garantías individuales con las conveniencias generales, y no incumbe a los jueces sustituirse a los otros poderes del Estado en las funciones que le son propias", justifican su reclamo.   

El senador radical Juan Carlos Marino, presidente de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, no tiene previsto convocarla y la pelea quedaría para más adelante, sobre todo porque el cierre de listas dejó secuelas personales en algunos miembros de la comisión.

Marcos Peña no tuvo en cuenta a Marino para armar las listas en  La Pampa y dejó sin reelección al diputado del PRO Daniel Lipovetzky, justo cuando gestionaba la visita del fiscal de Dolores Juan Pablo Curi, el primero en pedir que la causa por espionaje ilegal se mude de Dolores a Comodoro Py para proteger a Stornelli. 

Pero el cambio más rutilante es el de Miguel Pichetto, vocal elegido por los senadores del PJ y ahora convertido en compañero de fórmula de Mauricio Macri. Después de ser elegido, Carlos Caserio, su reemplazante, anunció que solicitaría desplazarlo de las comisiones pero nunca envió el pedido formal a Gabriela Michetti.

Los jueces de la Corte Suprema. 

LPOMarcelo Arias

En el bloque empezaron a aceptar que el gesto del rionegrino de ceder su banca en el Consejo de la Magistratura relajó la furia inicial por correrlo de las comisiones, donde protegieron su permanencia algunos de sus ex dirigidos como Urtubey y el jujeño Guillermo Snopek. Claro que si la comisión se reúne y con un tema tan sensible, el kirchnerismo no le dejará pasar su rol de converso. Para evitar ese choque, el jueves Pichetto faltó a la bicameral mixta revisora de cuentas.

La filtración de escuchas judiciales es un debate ya iniciado en la comisión y en el que la Corte venía siendo la más castigada, tras una auditoría en la Dajudeco que, en sus tramos preliminares, dejó a muchos legisladores con la sensación de precariedad. "Tenían que haber invertido mucho más en tecnología y circuitos", sostuvieron ante LPO.

La misiva de los espías también acusa a la Corte de negligencia. "Se reduciría el riesgo de filtraciones si la Dajudeco impusiera para las comunicaciones que graba y entrega alguna marca o sello de agua que pudiese permitir identificar el tenedor de material y el potencial origen de la filtración", mencionan. 

La dirección fue creada en uno de los primeros DNUs de Macri, para quitarla de la órbita de la Procuración de la Corte por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana a Cristina Kirchner. Su director ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto por el presidente para ser juez federal de Lomas de Zamora, uno de los 50 pliegos pisados por el peronismo en el Senado. Le objetan, justamente, haber permitido que las escuchen judiciales se propaguen por la nube. Los supremos aseguran que no es su culpa.