Manuel Mosca es un político poco conocido a nivel nacional, pero absolutamente clave en la estructura de poder de María Eugenia Vidal. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense fue determinante para sellar el acuerdo legislativo con Sergio Massa y los intendentes peronistas, que le dieron a la gobernadora una gobernabilidad que no se replicó a nivel nacional.

En diciembre del año pasado fue también quien impulsó la creación de una comisión bicameral para analizar el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de las nacionales, atentos a la caída en la consideración de Macri, un proceso que no hizo sino profundizarse y lleva a la Casa Rosada a añorar aquellos tiempos en los que estaba mal. Pero acaso en ese momento, Mosca pisó una línea roja.

En el entorno del diputado les sorprendió que en ese preciso instante se activara la amenaza de una denuncia por acoso contra Mosca, que no terminaba de concretarse en la justicia. Asesores del diputado de Bolívar recibían llamados advirtiéndoles del escándalo inminente.

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En la provincia señalan que una vez que Vidal decidió enterrar el desdoblamiento y se disolvió la bicameral, la amenaza perdió intensidad, para reactivarse ahora que la opción de Vidal como candidata presidencial de Cambiemos en lugar de Macri, empieza a tomar las características de un clamor en esa fuerza. Sospechan de un uso político de una víctima que puede ser muy real.

Cuando se produjo el primer episodio, Mosca se presentó en la fiscalía platense de Alvaro Garganta y lo puso al corriente de la situación, los llamados y hasta un mail pidiéndole dinero.

Pero esta semana la situación tomó otro cariz, cuando se confirmó que la denunciante había tomado contacto con funcionarios muy cercanos al núcleo duro de la Casa Rosada. Se trata del secretario de Cultura, Pablo Avelluto; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el redactor de algunos discursos del presidente, Alejandro Rozitchner. También con las diputadas Karina Banfi y Silvia Lospenatto.

La confirmación de esos contactos encendió luces rojas en La Plata y Mosca luego de reunirse con Vidal esta semana tomó una decisión: pidió licencia en su banca por sesenta días, que le saquen los fueros y se acercó nuevamente a la fiscalía de Garganta para acercar nuevos elementos de supuestas presiones y hasta indagaciones a mujeres que trabajaron o trabajan con él, en la búsqueda acaso de comprobar un patrón de conducta de abuso. 

Hasta ese momento la denuncia nunca se había concretado en sede judicial y en La Plata no tenían precisiones sobre su  contenido. Pero esta semana se supo que se realizó una presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que depende de la juez Elena Highton de Nolasco, que prevé un sistema de protección de la víctima que cuida su anonimato. Ahora en esa oficina se evaluará la presentación y eventualmente el camino judicial a seguir.

La utilización política de casos de abuso o acoso, reales o inventados, no es una novedad. Como también es cierto que la cultura política machista de la Argentina naturalizó situaciones de abuso sobre las mujeres, como revelan los casos del senador bonaerense de La Cámpora, Jorge "loco" Romero y el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, el macrista Fernando Ponce. El primero nunca renunció a su banca y el segundo sí se alejó de la presidencia del cuerpo.

No fueron los únicos casos. El ex presidente de Greenpeace, Martín Prieto, tuvo que dejar la organización en medio de denuncias de acoso, que en ese momento atribuyó a una venganza de su antecesor en el cargo, el diputado nacional de Cambiemos, Juan "Kalu" Villalonga y al empresario Alejandro Braun Peña, a quien la organización acusa de desmontes ilegales en Salta.

Meses después, el juez Martín Sebastián Peluso del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53 dispuso el sobreseimiento de Prieto por ausencia de pruebas y por la inexistencia de delito, "dejando a salvo su buen nombre y honor". Pero la carrera de Prieto en Greenpeace ya había sufrido un daño irreparable.

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El senador nacional Juan Carlos Marino, que preside la estratégica bicameral de inteligencia y responde a Enrique "Coti" Nosiglia, fue denunciado por acoso por una colaboradora de su despacho. Marino siempre sospechó que algún sector del Gobierno estaba detrás de la presentación, que se produjo justo antes de las elecciones a gobernador de La Pampa, cuando Marino aparecía como el número puesto para ganarle la candidatura al macrista Carlos Mac Allister.

Si hubo un interés político detrás de la denuncia, el resultado no fue el esperado. Marino no pudo ser candidato, pero Mac Allister perdió de manera humillante ante un radical hasta entonces desconocido y abrió el calendario electoral con una derrota para el macrismo, que luego se repitió en la mayoría de los distritos. La justicia aún no se expidió sobre la denuncia presentada contra el senador.

El propio Horacio Rodríguez Larreta enfrentó meses atrás una denuncia tan grave como inverosimil, que la justicia desestimó. Nadie en ese momento dudó que se trataba de un mensaje político envenenado. 

Ahora la situación de Mosca correré por dos carriles paralelos: Por un lado la Legislatura bonaerense deberá tratar su pedido de licencia y quita de fueros y por el otro la justicia deberá analizar la veracidad de la presentación en su contra y actuar en consecuencia.