La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad y a la empresa IRSA a hacer un "efectivo traspaso" de la mayor parte del terreno ocupado por el Distrito Arcos para que se destine a "uso público". Se trata de más de 23 mil metros cuadrados, casi la totalidad de la superficie que ocupa el shopping palermitano.

Se trata de un centro comercial a cielo abierto inaugurado a fines de 2014 luego de un año de litigios judiciales. Fecoba, una cámara que agrupa a comerciantes había argumentado que la apertura del shopping resultaba una competencia desleal para los comerciantes de la zona y por eso reclamaban su cierre.

En fallo dividido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, los jueces Hugo Zuleta y Mariana Díaz consideraron que "según los avances edilicios del emprendimiento, el espacio descubierto disponible (11.664 metros) resulta insuficiente a fin de satisfacer la porción mínima de terreno que, según lo estipulado en el artículo 3.1.2 del CPU, deberá destinarse al GCBA al menos 23.319 metros". Gabriela Seijas, la otra integrante, votó en disidencia.

IRSA invirtió 60 millones de dólares en la puesta a punto del predio que cuenta con 60 locales y 35 góndolas y food trucks que está ubicado en Godoy Cruz y Paraguay.

Según prevé el Código Urbanístico porteño y la ley 4477 existe un especial régimen de protección para los bienes del Estado Nacional. Cuando se los privatiza o una vez que son desafectados del dominio público o del servicio público el 65% de la superficie debe ser destinada al uso y utilidad pública, preferentemente para la generación de nuevos espacios verdes.

Desde el gobierno porteño argumentaron que se trata de una concesión y como el estado no se desprendió definitivamente del predio no debe aplicarse la normativa prevista en el Código de Planeamiento Urbano. "Para la ciudad la disposición que se dio para el cambio de uso es la correcta", dijeron.

Según los planos de catastro de la Ciudad, las manzanas que ocupa el centro comercial suman 18 mil metros cuadrados y que sumados a la superficie construida totalizan 22.176. metros. Para cumplir con el fallo judicial IRSA debería, como mínimo, quitar todos los locales instalados en el sector central.

"Está todo enrejado y hay seguridad privada en la puerta. Incluso en ese supuesto espacio público está ocupado por locales comerciales", explicó un asesor opositor. Y planteó una hipótesis que podría traerle complicaciones a IRSA en el futuro: "Si es un espacio público, adentro tienen que regir las normas de la Ciudad como si fuera una plaza o una vereda. El que habilita o deja de habilitar los carritos de comida es la Ciudad, no el shopping", aseguró.