A mediados de enero, Federico Pinedo volverá a su despacho para retomar el diálogo con el jefe del jusiticialismo Miguel Pichetto y negociar, con tiempo, el temario de sesiones extraordinarias que Mauricio Macri enviará a fin de mes con el objetivo de reabrir el Congreso en febrero.

No era su plan en noviembre y mucho menos este mes, cuando aceptó prorrogar el año legislativo con proyectos pendientes y otros reclamados por los opositores que suelen ayudar con el quórum. Quería agotar los debates en noviembre, pero prefirió negociar cerca de navidad y no los días previos al G20.

Pero hubo tres proyectos que no se aprobaron y sus legisladores harán otro intento el segundo mes de 2019: la ley para aumentar penas por violencia en el fútbol, la regulación del financiamiento de la política y la autorización para entrada y salida de tropas de país.

Para los dos primeros el mayor escollo de Macri es cómo calmar a Carrió, una de las tareas que Marcos Peña tendrá en estos días, a cargo del Ejecutivo.  

Lilita quiere prohibir aportes de empresas a las campañas políticas y echar de los clubes de fútbol a funcionarios públicos que son dirigentes. Peña negociará para que no arruine las sesiones.

La chaqueña complicó la negociación con la oposición para aprobar la ley de financiamiento político, cuando anticipó su rechazo a que las empresas aporten a las campañas, eje de la iniciativa.

Decidido a no chocar de frente con su aliada, Macri firmó otro decreto para mudar el debate al Senado, pero el peronismo federal, que tenía su propio proyecto con dictamen, lo postergó hasta 2019. Jorge Landau, histórico apoderado del PJ, les pidió un tiempo para leerlo mejor. 

La ley podría sancionarse en Diputados sin la decena de votos de la Coalición Cívica, que también amenazan con diferenciarse en la discusión por violencia en las canchas. 

Carrió reclama un artículo para prohibir a funcionarios públicos ser dirigentes de clubes.

Durante el trunco debate de la semana pasada, la oposición repudió esa restricción y Lilita anticipó que al menos la reclamaría para los clubes grandes, aun cuando los más perjudicados serían funcionarios de Cambiemos.

Juan Carlos Casas.

En Boca hay muchos. María Eugenia Vidal tiene al ministro de Justicia Gustavo Ferrari (Vocal) y al presidente del IPS Christian Gribaudo (Secretario general) y Horacio Rodríguez Larreta al vice de la Legislatura, Francisco Quintana, también a cargo de la asamblea de socios del xeneize. En River es vocal Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad.

"Es una locura prohibir a funcionarios ser dirigentes. Roza lo inconstitucional. No lo íbamos a votar ni lo votaremos", aseguró a LPO un diputado del PRO, que se lleva mal con Carrió. Por pedido de Martín Lousteau y respaldo de toda la oposición el proyecto volvió a comisión, con muchas objeciones por las elevadas penas. 

Decidida a molestar a Macri desde su banca, en la misma sesión Lilita negoció con la oposición un repudio al embajador argentino en Londres por reconocer la soberanía de Inglaterra sobre las Islas Malvinas y propuso interpelar al canciller Jorge Faurie. 

El otro proyecto que quedó pendiente es la entrada y salida de tropas que Emilio Monzó, fastidioso, reenvió a comisión en plena sesión cuando la kirchnerista Nilda Garré y Romina del Plá, de la izquierda, protestaron porque muchos ejercicios militares citados ya habían sido realizados. Nada variará en febrero, pero Macri está decidido a insistir, temeroso de futuras represalias judiciales por mover tropas sin aval legislativo.

"Si volvemos a presionar a la oposición, volveremos a fracasar. Tal vez concentrar todo en febrero no sea la mejor opción", sostuvo ante LPO uno de los referentes del PRO en Diputados. Macri no lo entiende así.

Ocurre que en marzo ya estará iniciado un nutrido calendario electoral y lograr quórum no será tan fácil. De todos modos, ya hay un temario estimativo con leyes como la reforma del Código Penal, pero sin una mayoría que Cambiemos pueda dominar, las sesiones tal vez sean esporádicas. Por eso, en la Casa Rosada apuestan a febrero.