Creada hace dos años, la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) colaboró por primera vez con informes sobre la ley de leyes sancionada la semana pasada y diseña un ambicioso plan para seguir de cerca las cuentas públicas.

En su primer contacto con la prensa, su director Marcos Makón anticipó que preparan evaluaciones sobre la última reforma fiscal, la sostenibilidad de la deuda externa y la deuda contingente de los programas de participación pública privada (PPP), un airado reclamo de la oposición. 

Sobre todo porque en su última visita al Congreso el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no supo especificar el arrastre de intereses de sus planes de PPP, que de todos modos nunca se iniciaron y en el Gobierno dudan que comiencen alguna vez. Será difícil si el costo financiero resulta demasiado elevado. 

La deuda externa es otra preocupación de la oposición. En la bicameral encargada de seguir los pasivos del país calcularon que ya alcanzan 400 mil millones de dólares, casi el doble que en 2015, superarían el 100% del PBI y absorben cada vez más dinero de la recaudación. Según el diputado Diego Bossio, de Argentina Federal, 18 pesos de cada 100 que recauda la AFIP se gastan en intereses. 

El plan de acción de la OPC fue aprobado por la comisión supervisora, integrada por legisladores de todas las fuerzas políticas que en diciembre de 2016 crearon por ley el único organismo interparlamentario que no está compuesto por diputados y senadores.

La OPC prepara una evaluación del impacto de la reforma tributaria del año pasado. Quieren que los legisladores midan el gasto de cada ley que proponen. 

Además del director, lo compelan 6 analistas y llegarán hasta 20, lejos de los 250 que tiene la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, creada por Richard Nixon hace 44 años para ajustar las cuentas en plena crisis del petróleo.

Makón la tomó como ejemplo por ser modelos de Gobierno similares, aunque los analistas del Capitolio responden en tiempo real a las demandas de los legisladores, con poder para cerrar un área de la administración pública si no tiene números claros.

Nada de eso es posible en Argentina, donde si un presupuesto no es aprobado el presidente de turno puede prorrogar el anterior y ampliar a gusto las partidas por decretos de necesidad y urgencia.

La OPC, en tanto, no responde a demandas directas de legisladores y la ley sólo la obliga a cumplir el programa de los supervisores y saldar dudas de las comisiones de presupuesto de ambas Cámaras. Claro que sus presidentes, el senador Esteban Bullrich y el diputado Luciano Laspina, ambos de Cambiemos, no suelen consultar a sus pares para pedir informes y ya ocasionaron varios roces.

El primero fue en mayo, cuando Laspina ordenó evaluar el impacto en las arcas públicas de la ley de emergencia tarifaria impulsada y luego sancionada por la oposición. En Comisión, el massista  Marco Lavagna le reprochó no haber consultado en el pleno la modalidad del estudio solicitado.

Los informes no son vinculantes pero se hacen públicos y resultan un material muy valioso para los legisladores, que muchas veces no miden el impacto presupuestario de sus proyectos de ley.

Laspina, principal impulsor de la OPC, suele quejarse por esa costumbre de sus colegas y su último encargó a Makón fue evaluar el costo de un proyecto que amplía las prestaciones por discapacidad. Su idea es empezar a adoctrinar a los diputados a no imaginar nuevos derechos sin prever cómo financiarlos.

En los últimos meses la Oficina redactó cuatro informes del presupuesto, uno de ellos después de su aprobación en Diputados, que calculó un gasto extra de 24 mil millones de pesos por los artículos incorporados por presión de los gobernadores.

Hubo informes sobre el plan financiero, la inversión pública y el gasto social, que según los datos analizados por los auditores descendió un punto con respecto al PBI. Los funcionarios que visitaron el Congreso se preocuparon en destacar que, medido en porcentaje de gasto, los servicios sociales crecerán.

Con una mayor estructura, en 2019 Makón llevará adelante un seguimiento de la ejecución presupuestaria, con informes mensuales y trimestrales que incluyan a las empresas públicas y detalles las reasignaciones de partidas dispuestas por el jefe de Gabinete, cada vez con mayor frecuencia.

Evaluarán la aplicación de la reforma fiscal sancionada hace un año, con el impacto de altas y bajas de impuestos; el sostenimiento de la deuda externa y del pasivo generado por los PPP, si alguna vez se ponen en marcha.

Habrá además un seguimiento del federalismo fiscal, con información pública que ya están brindando las provincias; y un estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que consiste en investigar si la inversión pública logró el efecto buscado. Otro plan será seguir de cerca las políticas de género, recurrente reclamo de la oposición. Podrán discutirlo con números finos.