La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Lepoldo Bruglia y Mariano Llorens, llamó a indagatoria a Cristina Kirchner por la causa conocida como "ruta del dinero K", que investiga los negocios de la obra pública de Lázaro Báez.

La decisión se tomó un día después que el juez Claudio Bonadío la citara por segunda vez en una semana en la causa de los cuadernos y en medio del agravamiento de la crisis financiera que empieza a desbordar el tema cambiario para impactar en los bancos.

Por mayoría constituida por los camaristas Irurzun y Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirige el macrista Mariano Federici y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a Cristina. En disidencia votó el juez Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.

Es la cuarta vez que la Cámara Federal le pide a Casanello avanzar sobre Cristina Kirchner, con la hipótesis que el dinero lavado por Lázaro Báez pertenecía al matrimonio Kirchner.

"De manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández", dijo Irurzun.

Mensaje a Bonadío: La Cámara declaró impresciptibles los delitos de corrupción

"A partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades una porción de ese dinero atravesó el camino inverso desde las cuentas de Austral Construcciones S.A. en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández", agregó el juez.

"Esa modalidad de traspaso no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes", completó Irurzun.

Esta cámara viene de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, dejando sin efecto la decisión de Bonadío que había acotado su investigación hasta 2008, dejando afuera de la causa de los cuadernos a la familia Macri y el grupo Techint que lidera Paolo Rocca.