El intendente de Pinamar, Martín Yeza, fue denunciado por un supuesto desvío de $ 12 millones de fondos nacionales destinados a la construcción de una obra pública municipal, en el marco de una intervención urbana en torno a la avenida Bunge, principal arteria de esa ciudad.

La denuncia fue radicada en la Justicia Federal por el diputado nacional de Unidad Ciudadana (UC), Rodolfo Tailhade, y el concejal local Gregorio Estanga, quienes advierten que existió "adulteración de la realidad" por parte del Gobierno municipal para justificar los pagos a la constructora.

La obra tienen financiamiento de Nación y hasta septiembre del año pasado, siempre según los denunciantes, se habían abonado 25 millones, es decir el 75% del total, a pesar de que los avances, según trabajos de auditoría, no registraban más de 50 por ciento.

La denuncia cayó en días en que Yeza se encuentra de vacaciones. Algunas versiones indican que descansa en Grecia. Quien hizo declaraciones fue el jefe de Gabinete del municipio, Federico Panzieri. "Todos los procesos de obra publica son transparentes, no hay nada irregular en las obras. Los expedientes están a disposición de la oposición", dijo y agregó que "estamos convencidos de que el trabajado de los inspectores es transparente".

Además calificó a la denuncia como "una práctica de la vieja política. La oposición había adelantado que iban a estar abocado a las denuncias de la obra pública. Estamos antes una denuncia falsa que solo intenta deslegitimar a Yeza y su equipo de trabajo".

Según el texto de la denuncia, los valores reales de ejecución de la obra están por debajo del 50% de los montos con los que se pagaron los certificados de avance de obra. Es decir, lo efectivamente gastado por Ashoka Construcciones S.A. fue la mitad de lo que le pagó el municipio de Pinamar con fondos nacionales.

"La investigación determinará qué ocurrió con la mitad de los fondos que envió la Nación para la obra, si se destinaron a otra cosa o si fueron sustraídos, pero lo cierto es que en las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están", remarcan los legisladores.

Entre las irregularidades detectadas aparece, por ejemplo, que por las tareas de contención de médanos se certificó por $ 1.393.800,54 millones, pero lo realmente ejecutado por la empresa fue $ 444.917; por la compactación de base para solado nuevo se certificó por $ 576.614,42, y en realidad se verificó un gasto de $ 42.726; de las 72 luminarias cuya instalación fue certificada -y cobrada- por $ 444.344, la realidad indica que se se colocaron sólo 14 unidades; el césped "Bermuda" fue presupuestado en $ 1.331,53 el metro cuadrado, para un total de $ 3.346.134, que se certificó y pagó en su totalidad pero se corroboró que el producto colocado es de mucha menor calidad que el presupuestado. La denuncia recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría. Los propios denunciantes concurrirán allí a la brevedad para declarar, ratificar la denuncia y aportar documentación respaldatoria, según comunicaron.