Mauricio Macri tenía pensado remover a la cúpula de las Fuerzas Armadas justo antes de que se desatara la crisis con la Armada por la búsqueda del submarino ARA San Juan.

En el Gobierno explicaron a LPO que por protocolo los submarinos deben reportarse dos veces por día, pero una vez que pierden la señal, la Armada espera 48 horas antes de comunicar el alerta. Pero el submarino perdió contacto el miércoles pasado y la Armada filtró el telegrama en el que se denunciaba la pérdida de contacto el jueves por la noche, antes de que se cumplieran las 48 horas.

Macri enfureció por esa filtración y por abordar el conflicto después que los medios. Lo mismo le pasó a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se enteró en Canadá del suceso a través de las redes sociales y tuvo que improvisar un regreso que lo hizo perder la iniciativa ante la crisis, que hasta ahora sigue sin recuperar.

La bronca en el Ejecutivo se agrandó cuando se percataron de que la Armada no había avisado de la avería que se detectó en las baterías del submarino antes de que zarpara, como hoy pareció terminar de confirmar el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, que habló de una "anomalía hidroacústica" detectada hacer exactamente una semana, pero recién confirmada este miércoles. 

También pesó en el clima enrarecido el informe que filtró alguna de las fuerzas en marzo sobre una reducción del Presupuesto dispuesta por la Rosada en las Fuerzas Armadas (ver aparte). Los altos mandos militares explicaron además en off a miembros del Congreso que analizan el Presupuesto para el año que viene, que no tiene demasiado sentido mirar lo que dice ese proyecto, porque después la Casa Rosada subejecuta las partidas. "Este año vamos a terminar con un a subejecución del 25 por ciento", se quejaron en Diputados.

Mauricio Macri tenía pensado remover a los jefes de las tres fuerzas antes de la crisis del submarino. En la Rosada saben que la Armada filtró el telegrama que denunciaba la pérdida de contacto con el submarino, antes de avisarles.

La interna con la Armada llegó a tal magnitud que Macri debió apersonarse en el Edificio Libertad para pedir explicaciones. No se llevó prácticamente ninguna novedad y los jefes de la fuerza se limitaron a mostrarle en una pantalla los mismos gráficos sin mayor novedad, que ya habían enviado a la agencia estatal Télam.

En el Gobierno sospechan que detrás de la evidente desinformación que sufren, se esconde la intención de la Armada de expresarle su malestar ante una serie de movimientos que preparaba Macri.

Como confirmaron a LPO en el Gobierno, el presidente quería remover al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Víctor Amrein y el del Ejército, general Diego Suñer. El único que iba a salvarse de la razzia era el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.

Además, Macri y Aguad tenían en carpeta el traslado de todos los aviones que tienen las diferentes fuerzas a la órbita de la Fuerza Aérea, lo que fue tomado como una provocación por la Armada, que maneja una flota a través del comando de Aviación Naval.

Este clima de conspiraciones, se mezcla con un problema real la dramática desfinanciación de las fuerzas. Según denuncian altos mandos militares, Defensa tuvo un ajuste de 25% este año, un 5% mayor que el promedio de las dependencias públicas. Se bajaron contratos de proveedores y programas de desarrollo local en Fabricaciones Militares. 

Por caso, uno de los programas que detuvo su marcha es la reparación del submarino ARA Santa Cruz (S-41), a cargo de Tandanor. "Hay un tercer submarino que no está en funciones y el único en condiciones era el ARA San Juan, que ahora se extravió", aseguraron a LPO fuentes militares.

Como explicó LPO, este martes trabajadores de Fabricaciones Militares visitaron la comisión de Defensa en Diputados y dieron detalles del ajuste a la fabricación de material militar. 

Entre los programas dados de baja enumeraron el cierre del Proyecto Vagones; la suspensión de los convenios con INVAP para la fabricación de radares; con YCRT para la fabricación de bridas y abrazaderas y con Yamana Gold-MASA para la provisión de servicios de voladura en la Mina Gualcamayo.

También cuestionaron la mínima producción de pólvora y la discontinuidad de la mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para la Defensa.

Sin estos programas, calcularon una merma en la facturación de $515 millones de pesos, con una pérdida de más de 800 puestos de trabajo entre las plantas de Azul (160 puestos de trabajo), Villa María (200), Rio Tercero (420) y Jáchal (50). Y con graves problemas de infraestructura.