Mauricio Macri firmará en los próximos días el decreto para modificar la ley de procedimientos administrativos, con el objeto de terminar con la burocracia y ajustar los mecanismos de contratación del Estado a parámetros de economías más modernas.

El proyecto, que fue un anticipo exclusivo de LPO, será presentado entre mañana y el miércoles por los ministros Francisco Cabrera (Producción) y Andrés Ibarra (Modernización), que expondrán sobre la "desburocratización" del Estado.

Los ministros explicarán el procedimiento para eliminar las trabas que significan los trámites que deben hacer las empresas y emprendedores, que actualmente desincentivan el desarrollo productivo.

En su exposición en el Centro Cultural Kirchner, Macri criticó la gran cantidad de trámites que deben realizar las Pymes. "¿Cómo puede ser a que una Pyme se le pidan 15000 declaraciones juradas por año? Las empresas tienen que concentrarse en producir e innovar que es lo que genera trabajo, y no en gastar energía innecesaria en trámites", aseguró.

Macri indicó que la "prioridad" es "mejorar el acceso al crédito", para que "más pymes puedan acceder al mercado de capitales". "Queremos facilitar las cosas: simplificar normativas, eliminar trámites innecesarios", dijo y planteó que lo que se busca es "dejar atrás un estado complicado, lento y burocrático pensado sobre normas llenas de vueltas", y ejemplicó con las 1.500 declaraciones juradas al año que debe presentar una pyme.

Luego de la presentación de Macri, Marcos Peña anunció que parte de los avances que presentarán Ibarra y Cabrera "pueden tener correlatos parlamentarios". Como explicó LPO, como se trata de una ley engorrosa, Macri quiere sacarla a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que luego sea refrendado por el Congreso, para evitar que los diputados y senadores "la conviertan en un Frankestein".

Con esta reforma, Macri planea derogar la histórica ley de Procedimiento Administrativo (nº 19.549), que fue reglamentada en abril de 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse.

El incentivo detrás de esta exigencia es que con una nueva ley de proceso administrativo, según aseguraron a LPO en el Gobierno, Argentina atraería más inversiones, con contratos más ágiles y una simplificación de los procedimientos legales del Estado.