El Gobierno comenzó a apurar el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad y espera concretarlo parcialmente el 30 de noviembre.

El traspaso está incluido en la sanción del paquete de leyes conocido como “Justicia 2020” que se presentó en el Senado con el impulso del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Pese a que la idea original del Gobierno era concretar el traspaso en el primer semestre, el proyecto de traspaso se presentó recién en junio y todavía no tuvo dictamen.

La demora incluso motivó un pedido de informes del partido de Elisa Carrió, que se unió al peronismo en el reclamo de un avance en la transferencia de las competencias, una deuda pendiente para la autonomía porteña que establece la Constitución Nacional.

El principal eje de conflicto para concretar el traspaso es la resistencia de los jueces nacionales que viven su paso a la Ciudad como una pérdida de jerarquía y además piensan que van a cobrar menos como jueces porteños que ahora.

El fuero penal "nacional" en rigor sólo tiene jurisdicción en la Ciudad pese a su nombre y por eso sería lógico que pase a la esfera porteña: Los jueces pasarían así a integrarse a los fueros contravencional y de faltas.

Sin embargo, pese a la resistencia de los jueces, el Gobierno aceleró las conversaciones en las últimas semanas y para agilizar la transferencia, estudia traspasar en primera instancia a los fueros penales y laborales.

Como explicó LPO, en el Gobierno estiman que la transferencia pasará para el 2017, ya que una vez aprobado en el Congreso nacional debe hacer lo propio la Legislatura porteña.

Traspaso del IGJ

Por otro lado, el Gobierno estudia concretar el traspaso a la Ciudad de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla las sociedades comerciales y tiene una caja jugosa.

El argumento de Horacio Rodríguez Larreta para que le traspasen la IGJ es que todas las provincias tienen su registro de personas jurídicas y que la Ciudad no tiene uno, por lo que las empresas radicadas en la Capital deben inscribirse en el IGJ nacional.

Por esa razón, en 2008, cuando el PRO sólo gobernaba la Ciudad y el kirchnerismo la Nación, el macrismo logró aprobar una ley porteña que creó el “Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas”, conocido como la “IGJ porteña”. Pero la Justicia suspendió ese registro local alegando que la Legislatura porteña había usurpado facultades del Gobierno nacional.

Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri analiza concretar ese traspaso de manera conjunta con la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble, que está bajo la órbita del ministerio nacional de Garavano. Para el traspaso de estas dos áreas, al Gobierno sólo le haría falta un decreto.