Las legisladoras Maria Rosa Muiños del Bloque Peronista y Maria Paula Olivetto de la Coalición Cívica presentaron un pedido de declaración para que la Legislatura manifieste su "preocupación" por la demora en el completo traspaso de la justicia penal nacional a la Ciudad.

La jugada de las legisladoras le metió tensión a la siempre volátil relación de Lilita Carrió con el macrismo y puso el dedo en la llaga en una operación político institucional que no está resultando sencilla.

Cuando asumió la jefatura de Gobierno en reemplazo de Macri, Larreta tenía un objetivo: concretar el traspaso a la Ciudad de la Policía Federal, el Puerto, el juego y el fuero penal nacional. Habiendo concretado los pasos principales para hacerse cargo de la policía, ahora Larreta presiona para que avance el traspaso de la Justicia.

El fuero penal "nacional" en rigor sólo tiene jurisdicción en la Ciudad pese a su nombre y por eso sería lógico que pase a la esfera porteña: Los jueces pasarían así a integrarse a los fueros contravencional y de faltas.

La Constitución Nacional estableció, en la reforma de 1994, que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de la legislación y jurisdicción”.

Los jueces del fuero penal nacional viven como una pérdida de jerarquía su conversión en jueces porteños y además temen cobrar menos. Por eso resisten el cambio.

El traspaso está incluido en la sanción del paquete de leyes conocido como “Justicia 2020” que presentó en el Senado el gobierno nacional. Para esto, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, se presentó a brindar explicaciones en la Legislatura porteña este año.

El principal eje de conflicto para concretar el traspaso es la resistencia de los jueces nacionales que viven su paso a la Ciudad como una pérdida de jerarquía y además piensan que van a cobrar menos como jueces porteños que ahora. 

La demora

El proyecto de traspaso se presentó en junio al Senado y todavía no tuvo dictamen. Con el fin de año a la vuelta de la esquina en el Congreso estiman que la transferencia pasará para el 2017, ya que una vez probado en el Congreso nacional debe hacer lo propio la Legislatura porteña.

Las diputadas porteñas Muiño y Olivetto plantearon en su proyecto que “el efectivo ejercicio por parte de la Ciudad de sus competencias jurisdiccionales en el marco del art. 129 de la Constitución Nacional, se vio atrapado en un dificultoso proceso de avances y se encuentra aún inconcluso”. Y pretenden que la Legislatura exprese de manera institucional su preocupación por la demora.

La peronista María Rosa Muiño.

LegislaturaJuan Casas

En la bancada del PRO niegan que haya una demora, a pesar de reconocer que aún no hay una definición concreta sobre cuando se concretaría el traspaso.

"Muiño y Olivetto hacen el reclamo ahora para posicionarse ante una transferencia que va a ocurrir”, afirmaron fuentes de la bancada macrista a LPO y explicaron que ya hay reuniones con Garavano y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, para avanzar en los aspectos operativos y legales del traspaso.

Los diputados macristas incluso chicanearon a Muiño porque es la mujer de Juan Manuel Olmos, ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. "Olmos no hizo nada para apurar el traspaso", recordaron las fuentes.

“Tanto del peronismo y de la Coalición me gustaría saber que hicieron sus diputados en el Congreso para impulsar un proyecto que trate la transferencia”, concluyeron las fuentes del PRO.